La situación laboral de los investigadores continúa inquietando al país. Ante esta situación el Grupo Socialista en la Cámara Alta lleva tiempo advirtiendo del peligro que corren estos profesionales ante una serie de ‘errores’ legales presentes en la legislación actual.
La semana pasada, al hilo de una interpelación al Ministro de Economía, Luis de Guindos, el portavoz del grupo en el Senado, José Martínez Olmos, llamó la atención sobre la situación de la investigación española.
Martínez Olmos recordó que la Ley de la Ciencia, aprobada en 2011, planteaba la despenalización del incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la formalización de contratos específicos de la investigación científica y técnica para las universidades y organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y de los organismos de investigación de otras administraciones públicas, permitiendo encadenar contratos.
En este sentido, antes de 2012 “existía una excepción”, apuntó Martínez Olmos, refiriéndose a los trabajadores de las fundaciones del sector público, que a pesar de no estar contemplados lo han ido aplicando de manera continuada.
En todo este clima, el portavoz socialista explicó que los profesionales han estado trabajando con inquietud ante esta falta de respaldo laboral, y muchos han sufrido estas consecuencias al verse despedidos. Tras la lucha en los tribunales la mayoría han ganado, lo que ha implicado que muchos centros se hayan visto obligados a formalizar contratos indefinidos.
Un problema en auge
Pero lejos de mejorar esta situación, con la aprobación de los Presupuestos Generales de 2017 la situación se ha agravado, ya que en la disposición adicional 34 se responsabilizaba personalmente a los gerentes de los centros públicos de las “irregularidades” en la contratación temporal de los investigadores durante más de tres años continuados o la concatenación de contratos.
Hace unas semanas el Consejo de Ministros avaló una reforma de la Ley de la Ciencia, incluyendo a las fundaciones con las mismas condiciones que el resto de centros. Esto tampoco convenció a los profesionales que tacharon de “parche” para evitar el “inmediato colapso de los centros afectados provocado por la pérdida de empleo de centenares de miembros del personal”.
Asimismo, Martínez Olmos advirtió de que 75 jefes del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) han remitido una carta al propio De Guindos y al Presidente del Gobierno, ante el “temor y el riesgo” de la merma que sufrirán sus respectivas plantillas el próximo del 31 de diciembre. Así, explicó que el CNIO perderá 66 personas, el 15 por ciento, y el CNIC a 30, el siete por ciento, y advirtió que en 2018 también puede verse agravada esta situación de continuar en este sentido.
El PSOE no es el único partido que ha tomado cartas en el asunto. Ciudadanos también llevará el debate al Congreso.
