Echando la vista atrás, si hay que hablar de un hito sanitario en los últimos años, muchos coinciden en el Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C. Eso sí, con matices.
Teniendo en cuenta que han pasado dos desde su implantación, tocaba hacer balance en el Congreso. Así fue. El Secretario General de Sanidad, Javier Castrodeza, comparecía en la Cámara Baja para informar del avance de la estrategia nacional.
El balance, “positivo”. De enero de 2015 a noviembre de 2016 se han tratado a 65.252 pacientes y “todas las innovaciones terapéuticas disponibles y validadas hasta la fecha por la Agencia Europea del Medicamento se han incorporado a la cartera pública de servicios”. Castrodeza aseguró además que se ha creado una ‘Guía de Recomendaciones para el diagnóstico precoz en poblaciones prioritarias en el ámbito de atención primaria’ que se presentará próximamente .
En términos de inversión, el presupuesto fue de 1.040 millones de euros en 2015, unos 600 millones en 2016, y recordó, como ya adelantó la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en el Senado que se estima que llegará hasta los 200 millones este año.
Está claro que el primer objetivo marcado en la estrategia se ha conseguido. A partir de aquí, tal y como aseguró Agustín Albillos, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) y uno de los miembros del Comité Científico asesor del Plan, la intención ahora es extender el tratamiento a todos los pacientes (F0 y F1) y aumentar las tasas de diagnóstico para eliminar la hepatitis viral para 2020-2030, de acuerdo con la OMS. “El plan debe redimensionarse en términos de salud pública”, comentó el gastroenterólogo, es decir, aspirar a la erradicación total de la enfermedad. Una idea compartida entre los diputados.
Sin embargo, a pesar de las buenas cifras del ministerio, el clamor de la oposición iba por otros derroteros. Hubo críticas en muchos aspectos, sobre todo, en términos de precio, equidad entre comunidades autónomas, e instituciones penitenciarias.
Críticas desde la oposición
La “opacidad y ausencia de datos” fue subrayada por todos los grupos de la Cámara (a excepción del PP). El portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, recriminó que se desconoce el gasto de las comunidades, ya que “ocultan sus cifras con la complicidad del Ministerio de Sanidad”. “Cuando hablamos de que hemos tratado a más pacientes, lo cual es cierto, no sabemos el número o qué grado de fibrosis y si existe discriminación entre las autonomías”, destacó el diputado, en relación a unos datos recientemente publicados por el ministerio acerca del número de enfermos tratados por millón de habitantes, sin especificar a qué comunidades corresponde cada cifra y enumeradas todas ellas del 1 al 18. “No se entiende que en este país las comunidades oculten esta información a los ciudadanos. Nos tratan como a menores de edad que no deben saber en qué y cómo se gasta el dinero público”, lamentó. El diputado socialista, Jesús María Fernández, tampoco pasó por alto esta estadística y remarcó la falta de transparencia del plan que “tanto les cuesta a los españoles”.
En cualquier caso, las cifras ponen sobre la mesa las inequidades existentes entre las autonomías. La estadística oficial refleja variaciones de hasta el 300 por ciento entre regiones. De este modo, la comunidad autónoma (se desconoce cual) con más pacientes atendidos por millón de habitantes llega a 2.492 mientras que la que menos se queda en 692. La media nacional es de 1.353 por millón de habitantes.
El Gobierno, por su parte, se escuda en que los datos concretos deben ser aportados por los gobiernos autonómicos que tienen las competencias en la asistencia.
En términos de financiación también hubo debate. Los números de la oposición no concuerdan con los oficiales. El portavoz de la formación naranja adelantó datos de Castilla-La Mancha donde el gasto por tratamiento se situaba en 27.000 euros. Al extrapolarlo, “hablaríamos de un gasto de 1.500 millones de euros”.
Más ejemplos que dieron los diputados. Según el Plan, 786 millones de euros era el precio de tratar a 52.000 pacientes. Se han tratado 65.252 comprometiendo unos 1.640 millones. “¿No debería ser menor el coste a medida que se incorporan pacientes?”, preguntó Fernández, quien resolvió que haciendo números, el tratamiento ha pasado de costar 15.000 euros a 26.000.
Podemos, por su parte, junto a PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto, no quiso olvidar a la población reclusa. La cuestión es que las instituciones se ‘pasan la pelota’ sobre quién debe pagar estos medicamentos: comunidades autónomas o administración general.
Según especificó Sanidad, de 5.000 infectados en las cárceles, los tratamientos han llegado a 1.215. Lo que implica que si el objetivo prioritario es la erradicación del problema, habrá que atajarlo.
Los pacientes también tuvieron su altavoz en la sesión. La Federación Nacional Española de Trasplantados Hepáticos (Fneth), a través de Jesús Faras, aclamó al Gobierno poner énfasis en los pacientes en estadios tempranos, potenciando los cribados.
