El peso sociosanitario en la financiación se incrementará tres puntos con el nuevo modelo

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Estudio/ Los expertos de Fedea consideran que habría sido positivo mantener un tramo específico de financiación sanitaria en el nuevo modelo

 

carlos b. rodríguez

Madrid

El nuevo modelo de financiación incrementará en tres puntos (desde el 44,9 hasta el 47,9 por ciento) el peso conjunto de la sanidad y los servicios sociales en las necesidades estimadas de gasto, según el estudio “El nuevo acuerdo de financiación regional: un análisis de urgencia”, elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Ello parece coherente con el peso real de estos servicios en los presupuestos autonómicos y con la tendencia al alza del mismo. No obstante, no todo son luces en el nuevo modelo.

Para empezar, el hecho de que ya no haya un tramo específico de financiación sanitaria sino un peso global de la población protegida equivalente en los recursos totales a distribuir sigue sin terminar de convencer. “Hubiese sido buena idea mantener este aspecto de la estructura del anterior sistema con vistas a la actualización periódica de la fórmula de reparto”, asegura Ángel de la Fuente, subdirector del Instituto de Estudios Financieros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor del estudio.

Cuestión de azar

Más allá, la respuesta al cambio que supone la propuesta con respecto al actual modelo es bastante clara. Si se tiene en cuenta que el documento aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera no es precisamente, según el autor, “un prodigio de claridad expositiva”, el acuerdo, añade, “no supone un cambio cualitativo en la naturaleza del modelo y conserva el vicio fundamental del sistema actualmente vigente”: la ausencia de un criterio de reparto claro, o si se prefiere, la falta de operatividad del mismo, tanto a corto como largo plazo.

El nuevo modelo hereda, por lo tanto, algunos de los problemas fundamentales de su antecesor. Inicialmente, los dos establecen normas teóricas de reparto de la financiación en base a unos indicadores objetivos que en principio deberían aproximar razonablemente bien los recursos que necesitaría cada comunidad autónoma para poder prestar a sus ciudadanos servicios públicos de calidad similar, pero ninguno de ellos garantiza el cumplimiento “siquiera aproximado” de tales normas, ni a corto ni a largo plazo.

En ambos casos, afirma el estudio, se parte de una asignación “muy arbitraria, muy condicionada por el statu quo” autonómico, y en ninguno de ellos se establecen mecanismos dinámicos que aseguren que la distribución de la financiación se irá acercando gradualmente al patrón que en principio se considera deseable.

De hecho, la evolución del sistema será, en ambos casos, fruto esencialmente de los caprichos del azar: si las regiones inicialmente peor tratadas tienen buena suerte (en términos de la evolución relativa de sus ingresos tributarios y del tamaño y del grado de envejecimiento de la población) las cosas mejorarán, pero en caso contrario no habrá nada en el nuevo modelo del Gobierno que impida que la situación empeore.

A pesar de ello, según el estudio, el nuevo modelo mejora bastante a su antecesor, entre otros motivos porque la asignación de recursos es más razonable a pesar de ser aún arbitraria, y porque la creación del Fondo de Garantías permitirá a las comunidades compartir una parte importante de sus ingresos, con lo que se aseguran parcialmente contra la posible evolución adversa de las variables que determinan su financiación y sus necesidades de gasto.

Ocasión desaprovechada

La reforma actual merece, en opinión de De la Fuente, una valoración “moderadamente positiva desde el punto de vista de la equidad” del sistema. Pero aun así, añade que “resulta descorazonador” que se haya desaprovechado una oportunidad excelente para resolver de una vez un problema importante que arrastramos desde la puesta en marcha del estado autonómico.

El hecho resulta grave por el elevado coste de la reforma. Si se toma como dada la necesidad de que ninguna comunidad pierda con el cambio, el estudio concluye que “la enorme cantidad de recursos adicionales que la Hacienda central ha terminado poniendo encima de la mesa debería haberle comprado un margen de actuación mucho mayor para avanzar hacia una asignación de los recursos del sistema basada en criterios objetivos”.