El primer Consejo de Política Fiscal y Financiera presidido por el nuevo Gobierno ha aprobado elevar dos décimas el objetivo de déficit público para las autonomías en 2019 pasando del 0,1 por ciento al 0,3 del PIB, lo que se traducirá en un incremento de recursos para las comunidades de alrededor de 2.400 millones de euros. Lo ha hecho con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se ha abstenido, y la oposición del PP y de Canarias, además de Ceuta y Melilla. La medida en cualquier caso ha salido adelante en un encuentro con muchas críticas por esta medida, según han confirmado a Efe fuentes presentes en el consejo.
Montero ha resaltado la creación del grupo de trabajo político para la reforma del sistema de financiación, que se reunirá a partir de septiembre, y ha incidido en que se abre una nueva etapa, en la que se abordarán las discusiones precisas, aunando la perspectiva técnica y la política, para que haya avances efectivos. En este proceso, el Gobierno se compromete a adoptar la “posición de liderazgo que le corresponde”.
