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El decreto del estado de alarma sitúa al Ministerio de Sanidad al mando de la sanidad privada. Lo hará para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19. Y es que, tal y como explica el documento, adelantado esta tarde por El País, “se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del ámbito de salud pública, y de los funcionarios que presten servicio en el mismo, quedando todos ellos bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad”. Esta medida también garantizará, puntualiza, “la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria”. Las autoridades competentes delegadas, prosigue, “ejercerán sus facultades a fin de asegurar que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el sistema nacional de salud en todo el territorio nacional”. Asímismo, finaliza, “el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de las centros sanitarios privados”.

Además, el decreto incluye la posibilidad de que las “autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas”, con el fin de garantizar “todos los suministros básicos”. En concreto, Pedro Sánchez hizo mención durante su intervención a las compañías farmacéuticas o cualquier entidad sanitaria privada. “El ministro de Sanidad podrá imponer requisas personales obligatorias”, puntualizó Sánchez.

El Ministerio de Sanidad toma el mando

Aunque las competencias sanitarias están transferidas, el Ministerio de Sanidad tomará el control de todas las decisiones para hacer frente a la crisis del Covid-19. Así se establece en el decreto del estado de alarma, tal y como ha avanzado este sábado El País. En el mismo se explica que “Todas las Autoridades civiles de la Administraciones Públicas del territorio nacional, y en particular las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”.

No obstante, prosigue el texto, “las Administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencias, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento”. El Ministro de Sanidad, explica, “se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio”.