Carmen M. López Madrid | viernes, 23 de junio de 2017 h |

El estado del Real Decreto de Troncalidad tras la anulación del Tribunal Supremo fue uno de los puntos del orden del día que se abordó en el Consejo Interterritorial.

Según señaló la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hubo acuerdo entorno a la propuesta del Ministerio de seguir trabajando sobre el decreto, pero, eso sí, dotarlo de memoria económica.

La ministra garantizó la “apuesta clara por el modelo de formación tras la derogación del decreto”, ya que considera necesario para la “modernización del sistema”.

Además de dar el visto bueno a la regulación de este modelo, acordaron el desarrollo de más especialidades al margen del decreto. En concreto, reactivar la creación de la especialidad de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia, de genética, así como las dos especialidades históricas de urgencias e infecciosas. En esta última cuestión, tal y como reconoció la ministra fue donde se generó más debate.

Dos especialidades que llevan años reclamando su sitio y que desde Sanidad ya se ha puesto la primera piedra.

Jesús Fernández, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, y su homólogo castellanoleonés, Antonio María Sáez Aguado, adelantaron la intención de que estos especialistas sean reconocidos de una vez por todas, sin embargo, hay que piensa todavía en las áreas de capacitación específica (ACES) como una alternativa.

En otra de las cuestiones donde también se generó debate fue en la prescripción enfermera. De momento, se han designado los vocales para empezar a trabajar en la elaboración de protocolos y guías de práctica clínica. Serán Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía quienes se encarguen.

La ministra puso en valor la importancia de los acuerdos alcanzados, a principios de junio, en el Foro de las Profesiones Sanitarias por médicos y enfermeros.

El debate está servido, por un lado, País Vasco, Navarra, Baleares y Comunidad Valenciana plantearon la derogación del decreto, y el resto de comunidades apuestan por la modificación del artículo 3.2 de la normativa que tantas suspicacias ha generado.

Patricia Gómez, responsable de Baleares, recordó que las islas aprobaron hace años una normativa de prescripción, y en 2011 estaba todo preparado para que los enfermeros puedan prescribir. “Fue suspendido y el recurso contra ese decreto lo puso el Consejo General de Enfermería”. En este sentido, además de pedir la derogación del decreto nacional, reclamó la incorporación de los enfermeros como prescriptores en la Ley del Medicamento. Por su parte, Marina Álvarez, titular de Andalucía, la consejera de Salud incidió en la experiencia de Andalucía, que cuenta desde 2009 con un decreto respaldado por el conjunto de profesionales. “Entendemos que Andalucía debería servir como modelo y formar parte del inicio de la puesta en marcha de esta iniciativa a nivel nacional”, ya que es actualmente la única comunidad autónoma que cuenta con un marco jurídico en el que se regula la prescripción enfermera. En este punto, ha insistido en que “Andalucía no quiere dar un paso atrás” en lo avanzado en esta materia.