Ana Prieto
Ana Prieto (GPS), en una imagen de archivo.

El Plan Estratégico de Salud y Medioambiente (PESMA), que ya fue presentado por el Ministerio de Sanidad y sometido a consulta pública hasta el pasado julio, sigue pendiente de dar sus próximos pasos. Muy pendiente de ello está el Grupo Parlamentario Socialista (GPS), quien ha presentado un Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en las que insta a su aprobación para elevar su discusión con las autonomías en el seno del Consejo Interterritorial (CISNS). El objetivo por tanto sería, en este órgano, el análisis, valoración e implementación en coordinación del citado plan.

Al mismo tiempo, la propuesta firmada por la portavoz de Sanidad en la Cámara Baja de la formación, Ana Prieto, pide que el PESMA cuente con la financiación necesaria. De este modo, solicita la dotación tanto de Ministerio como Unidades de salud ambiental de las CC. AA. “de los recursos técnicos y humanos necesarios” para su aplicación efectiva.

De otro lado, el Grupo Socialista demanda la creación de una Unidad de Evaluación de riesgos y Vigilancia Epidemiológica de los efectos derivados de la exposición a los factores ambientales. La finalidad, según argumenta el texto de la PNL, es que este ente aporte “las mejores evidencias de la relación entre salud y ambiente”.

El GPS insta a crear una Unidad de Evaluación de riesgos y Vigilancia Epidemiológica de los efectos derivados de la exposición a los factores ambientales

El actual borrador del PESMA parte de la más amplia Estrategia de Salud Pública y se trata de un documento elaborado por Sanidad, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con la participación de expertos. Según el mismo, “su objetivo principal es promover entornos saludables que ayuden a conseguir los objetivos de salud de la población y disminuyan los riesgos derivados de los factores ambientales y sus condicionantes, disminuyendo la carga de enfermedades e identificando nuevas amenazas, teniendo especialmente en cuenta las desigualdades sociales y el impacto económico. Para todo ello, se facilitará el desarrollo de políticas en materia de salud ambiental“.

Este plan, como explica el GPS en la argumentación de su PNL, servirá para anticipar amenazas y riesgos emergentes derivados del cambio climático, así como la exposición a los factores químicos, físicos y biológicos que influyen en la salud ambiental. “Su ejecución debe fortalecer las capacidades técnicas, los sistemas de vigilancia epidemiológica de la exposición a factores ambientales, la calidad de las evaluaciones de los riesgos, la capacidad de diálogo con los agentes implicados y la rápida respuesta ante los riesgos ambientales”, indica el texto remitido al Congreso.

Evidencias y compromisos

También la PNL dibuja el panorama y relación de clima y salud. En este sentido, advierte que las consecuencias del cambio climático son un grave problema de salud pública, con una importante mortalidad y morbilidad asociada. En Europa se calcula que se producen alrededor de 1,4 millones de muertes al año debidas a causas relacionadas con el medio ambiente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. En consecuencia, en la 61ª Asamblea Mundial de la OMS, se instó a los Estados miembros a elaborar medidas sanitarias y su incorporación en los planes de adaptación al cambio climático, reconociendo así el impacto del cambio climático en la salud pública.

Actualmente, España mantiene compromisos internacionales en esta materia con la Unión Europea, Directivas y Reglamentos y demás legislación europea sobre salud y ambiente, la OMS, Europa 2020, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), el Pacto Verde Europeo (2019), el Acuerdo de París sobre cambio climático (2015) y la Estrategia de sostenibilidad de la UE para las sustancias químicas (2020).


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