La Consejería de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana pierde dinero cada día que pasa con los acuerdos que se firmaron en su día con Ribera Salud. Las últimas estimaciones realizadas por el organismo público datan del 26 de octubre de 2017, cuando la Consejería remitió a Hacienda un informe con sus estimaciones de cara a preparar los presupuestos del año siguiente. Los cálculos están realizados por periodos de tiempo concretos que, según las fuentes consultadas, no abarcan toda la deuda potencial de este grupo con las arcas públicas.
La Consejería de Sanidad Universal estimó en el citado informe que la deuda del Hospital de Alzira (en abril de 2019 se cumplió un año de su reversión) para los años 2013-2015 es de unos 90 millones de euros. A esta cifra habría que sumarle los del hospital de Elche (Vinalopó), que entre los años 2010 y 2012 acumuló, según las cifras de la Consejería, 33 millones de deuda con el erario público; y los del Hospital de Denia —Ribera Salud posee el 35 por ciento del accionariado— que debe unos 76 millones de euros por el periodo de años conformados entre 2009 y 2013. En total unos 148 millones de euros a los que habría que restar una cantidad de 5,2 millones de euros por el Hospital de Torrevieja, donde las liquidaciones anuales le han salido a favor a Ribera Salud según los cálculos de la administración. A esas cantidades habría que sumar las liquidaciones que restan hasta la actualidad más las que no se hicieran con anterioridad a 2010.
Pero, si las estimaciones están realizadas y las liquidaciones definitivas se cursaron el 7 de febrero de 2018 (para el Hospital de Alzira y para los años 2013-2015), ¿por qué ese dinero no está en manos de la Consejería de Hacienda? Las fuentes apuntan a los juzgados. Según afirman, hasta medio centenar de recursos judiciales ha interpuesto la empresa privada para demorar el pago. La buena noticia para la administración pública es que un tribunal ya ha validado los cobros de una primera liquidación que se realizó al Hospital de Alzira para los años 2008-2012. “Esa sentencia fue la que nos dio la conformidad de la intervención y gracias a ello se lanzaron las demás hasta 2015”, señalan las fuentes consultadas.
El motivo del desfase presupuestario hay que medirlo según varios indicadores. Las concesiones se realizan per cápita, es decir, la administración paga por cada habitante cuyo estado de salud deba asumir la concesión privada. Este dinero se abona de manera mensual y, al final de cada ejercicio, se debe liquidar para establecer el gasto incurrido. Fuentes de la administración señalan que existen dos motivos principales por los cuáles las liquidaciones casi siempre les salen a favor. Por un lado señalan al personal estatutario que trabaja en los hospitales de gestión privada, cuyas nóminas están sufragadas por la administración y se deben descontar al final del año. Por otro, se señala que algunos pacientes son derivados a hospitales públicos (“normalmente los de enfermedades graves”, apuntan) y el gasto al que incurren en el hospital público debe ser descontado también a final de año.
