El Real Decreto-ley 16/2012 está viviendo sus últimas horas de vigencia. El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada iniciar el trámite legislativo que culminará con “otro Real Decreto-ley que lo sustituirá”. La intención principal del Gobierno es la de devolver la universalidad en la asistencia sanitaria, derogando la condición de aseguramiento que introdujo el texto legislativo del Gobierno de Mariano Rajoy hace seis años. Para ello, el Ejecutivo de Sánchez se marcará un calendario de seis semanas para llegar a un consenso con las comunidades autónomas y las fuerzas políticas del Congreso. Tras ese periodo, que se cumplirá a finales de julio, el Congreso de los Diputados tendrá que convalidar el nuevo texto treinta días después.
El anuncio lo realizó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, a la conclusión del Consejo de Ministros pero no se despejó la duda sobre si el futuro Real Decreto abordará otros aspectos además de la universalidad. De hecho, llama la atención que no hubiera pronunciamentos sobre los copagos farmacéuticos modificados por el Real decreto-ley 16/2012, si bien no hay ningún aspecto descartado antes de comenzar las negociaciones con las comunidades autónomas.
Lo que sí se ha producido ya, concretamente el pasado miércoles por la tarde, fue un primer encuentro entre Carmen Montón y los responsables sanitarios de Podemos. Así se produjo una primera toma de contacto que fue muy fructífera según reconocieron algunas personas participantes. El Gobierno le comunicó a sus interlocutores que iban a impulsar la derogación del capítulo uno del Real Decreto-ley 16/2012 para devolver la universalidad en la asistencia sanitaria y Podemos tratará de hacer lo propio con el capítulo dos para reunificar la cartera de servicios. La duda está ahora si las pretensiones de la formación morada estarán en ese Real Decreto-ley que hoy ha comenzado a fraguarse.
Según pudo saber GACETA MÉDICA, esta primera toma de contacto dejó buenas sensaciones y las iniciativas legislativas convergerán. Fuentes cercanas a dicha reunión adelantaron a este periódico que la fórmula del Real Decreto-ley podría usarse por “la situación de excepcionalidad que supone tener cercenado un derecho”, como así se confirmó 48 horas después. De hecho, Montón ya ha avisado de que “recuperar el derecho a la salud” era una prioridad del Gobierno. Además, el hecho de que un Real Decreto-ley no tiene que pasar por el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta puede favorecer su uso.
Por su parte, Unidos Podemos tiene su iniciativa sobre reunificación de la cartera básica paralizada en la Mesa del Congreso de los Diputados. El texto presentado contiene siete artículos cuyo objetivo no es otro que “revocar el capítulo segundo del Real Decreto-ley 16/2012 con el fin de volver al texto original de la Ley 16/2003, cuestión fundamental para mantener la protección a la salud”. El texto contará con el beneplácito del PSOE pero con el voto contrario del PP y Ciudadanos, por lo que se necesitará para su aprobación el concurso positivo de otras fuerzas políticas. Desde Podemos consideran que el fraccionamiento que se impuso tras la aplicación de aquel decreto “rompe con la equidad y accesibilidad de nuestras prestaciones sanitarias y da lugar a posibles copagos”.
Montero tendrá que buscar la “cuadratura del círculo” antes de verano
La primera comparecencia del nuevo ejecutivo de Sánchez en el Parlamento la protagonizó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el Senado. Montero ha señalado que los Presupuestos de 2018 “no fortalecen los servicios públicos” como le gustaría al Gobierno. Por ello, ha abogado por “no demorar más la aprobación de un Presupuesto” por el que es preciso “transitar”, ya que, según ha añadido, “la prioridad es trabajar en los de 2019”. La intención del Ejecutivo es que este proyecto ponga el acento en las políticas sociales, en el acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y hacia un modelo económico sostenible y equitativo, algo que, según la ministra, obligará a hacer “la cuadratura del círculo”, ya que habrá que respetar los objetivos de déficit público y estabilidad presupuestaria.
Precisamente este último punto, las negociaciones con Bruselas para establecer el techo de gasto, será el principal deber de Montero antes de verano. En principio la fecha para firmar el acuerdo es el 30 de junio aunque el cambio de gobierno podría retrasar la fecha unos días. Además, la ministra de Hacienda tiene que convocar primero el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de establecer el nuevo techo de gasto.
De hecho, una pregunta que está en la mente de algunos gestores sanitarios es si antes de que se celebre esa reunión con los consejeros autonómicos de Hacienda Carmen Montón le entregará a Montero el documento de mejora financiera en Sanidad que debe acordarse. Para ello se debe convocar con anterioridad el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se suspendió debido al cambio de Gobierno.
