El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad tramitar una Proposición de Ley que permitiría crear un régimen específico de protección para dar seguridad laboral a las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante. Este supuesto especial contempla conceder una baja y un permiso que sufragaría el 100 por ciento de las ausencias laborales, tanto antes, para preparación médica, como después de que el donante se someta a una intervención quirúrgica para un trasplante, por ejemplo, de riñón o hígado.

Actualmente, las personas que, de forma altruista, donan un órgano están amparadas por una prestación de incapacidad temporal por enfermedad común, y existen códigos específicos de baja médica para estas situaciones. Sin embargo, esto “no es suficiente” y la Cámara Baja ha tomado en consideración esta iniciativa del PSOE para reconocer como situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes aquellas bajas laborales por donación de órganos para su trasplante.

“Con esta Proposición de Ley reforzamos la protección del donante vivo, el propio sistema sanitario y social y la cohesión social”, ha defendido la diputada socialista Mercè Perea, quien ha considerado “un antes y un después” esta configuración legal. “Estamos dando un gran paso en seguridad y confianza a lo largo de todo el proceso de la donación al otorgar a las personas vivas una cobertura social y económica, reduciendo los perjuicios económicos, personales o laborales que padezcan a la mínima expresión”, ha incidido.

Para ello, el PSOE propone modificar la legislación vigente para, por una parte, reconocer esa situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes y permitir que el derecho a prestación no lleve aparejado ningún período previo de cotización, cubriendo tanto los días discontinuos como ininterrumpidos, en que el donante no pueda prestar servicios debido a la preparación médica de la cirugía, como los transcurridos desde el día del ingreso hospitalario para la realización de esta hasta que sea dado de alta por curación.

De esta forma, la Proposición de Ley pretende otorgar en estos casos una cobertura lo más amplia posible. “Es un gran avance porque, para las personas que tienen una carga de cotización corta y no han cumplido todavía los términos, pueden acogerse a esta prestación”, ha explicado Perea. Además, según ha explicado, se establece una situación especial de incapacidad que va acompañada de una prestación que consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora establecida para la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Del mismo modo, la norma recoge un permiso retribuido por el “tiempo necesario” para la asistencia a las sesiones de información, para la realización de los preceptivos informes y exámenes clínicos, incluida la exploración médica, previos a la determinación de idoneidad de los donantes vivos y de sus órganos, así como para la prestación del consentimiento, siempre que deba tener lugar dentro de la jornada de trabajo. “Y, en este caso, también el donante percibirá el 100 por ciento de las percepciones salariales”, ha recalcado la diputada.

La iniciativa socialista recoge varias modificaciones en algunas leyes, como la Ley General de la Seguridad Social, para reconocer esa situación especial. También la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley del Estatuto del Empleado Público, con el objetivo de articular el permiso retribuido. Además, prevé modificar el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

Cerca de 6.000 trasplantes anuales

“España supera sus mejores cifras de actividad y se aproxima a los 6.000 trasplantes anuales. Esta propuesta que hoy estamos debatiendo facilita, fomenta y promociona que las acciones altruistas como esta se repitan en mayor medida”, ha asegurado Perea. En concreto, en España se realizaron 5.861 trasplantes de órganos el pasado año, lo que supone una tasa de 122,1 trasplantes por millón de población, más que ningún otro país en el mundo. No en vano, lidera la clasificación mundial de trasplantes de órganos por 32º año consecutivo.

Pero, además, la norma implicaría un alivio de la presión de la lista de espera para trasplantes y representaría, según ha reiterado Perea, un “importante ahorro” para el Sistema Nacional de Salud, ya que los pacientes dejan de recibir tratamientos de hemodiálisis, por ejemplo, y de diálisis. Por tanto, ha calificado de “win-win” esta propuesta, con la que se avanza en protección social, “pero también en solidaridad y en generosidad, en pensar en el otro sin importar de dónde viene, cómo es o en lo que piensa”.

El resto de las formaciones políticas han apoyado la toma en consideración de esta Proposición de Ley; una iniciativa que ya planteó el PSOE en la anterior legislatura pero que no terminó de tramitarse por el adelanto de las elecciones generales. Esto mismo ha reprochado el diputado del PP Antonio Cavacasillas, quien ha anunciado el voto favorable de su partido “en coherencia con la tramitada en 2023”, cuando también apoyó la propuesta.

Por su parte, desde Vox han criticado la “lentitud” en la tramitación de iniciativas como esta, al tiempo que se han preguntado cómo el modelo español funciona “tan bien” y sea referente mundial con una sanidad “al borde del colapso”. Es posible, en opinión de Tomás Fernández Ríos, porque el sistema de donaciones es nacional y “todos los recursos están disponibles para todos los ciudadanos”. Junts, si bien ha votado a favor, ha anunciado que presentará enmiendas y, por parte de Sumar, Rafael Cofiño ha señalado que, aunque haya “algunos puntos de mejora”, los harán saber en fases más avanzadas de la tramitación.


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