El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Cambio Climático, casi un año después de que el Consejo de Ministros la remitiera a la Cámara Baja. La ley, que llegará ahora al Senado, recoge en un texto legal –por primera vez– los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050 con un sistema eléctrico y 100% renovable.
Apoyo político y trabajo conjunto
La norma ha salido adelante gracias al apoyo de la mayoría de grupos que hicieron presidente a Sánchez, a los que se ha sumado Ciudadanos, y a la abstención del Partido Popular y Más País. Solo Vox ha votado en contra. En total, 22 diputados han votado a favor, 5 en contra y 10 se han abstenido. Si la ley no se enmienda, podría quedar aprobada en este mes de mayo de forma definitiva.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha celebrado la aprobación de la ley en Comisión: “Se aprueba una ley de clima enormemente ambiciosa como resultado de un trabajo conjunto sobre el que todavía, seguro, queda margen para seguir mejorando en una trayectoria que no es lineal, sino que debe incrementarse progresivamente conforme vayamos alcanzando velocidad de crucero en el tiempo por venir, porque en el cambio climático llegamos tarde“.
Así, la ministra ha asegurado que es un texto reforzado en materia de “ambición, gobernanza, participación y transparencia”. Asimismo, se ha visto enriquecido “gracias a las contribuciones de las distintas formaciones políticas, a las aportaciones de sectores sociales y económicos muy diferentes, y a la ciencia”, ha señalado.
Metas por encima de la UE
Esa ambición a la que se refiere Ribera se ve reflejada, por un lado, en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura). España se compromete a una reducción del 39 por ciento, 13 puntos por encima de la meta marcada por la Unión Europea (26 por ciento).
Y es que Ribera ha recordado que el proyecto de ley marca objetivos cuantificados de gases de efecto invernadero, de renovables y de eficiencia energética, que constituyen un mínimo inquebrantable porque se revisarán siempre al alza. Asimismo, el proyecto está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que persigue una reducción de un 23 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, una meta valorada positivamente por las instituciones comunitarias.
Además, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38 y un 40 por ciento en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNACC) –aprobado en septiembre de 2020– establece para España un 42 por ciento. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37 por ciento para 2030 y el objetivo español se sitúa en el 39,5 por ciento.
“Es un esfuerzo grande que merece la pena acometer y que siembra grandes oportunidades de innovación y de conocimiento“, ha apuntado Ribera, quien asegura que se trata de una ley que garantiza cauces de “participación, actualización y mejora constante”.
Recuperación post-COVID-19 en clave verde
Con esta ley, la ministra insiste en el lema del Gobierno de “no dejar a nadie atrás” para proteger la competitividad del tejido industrial español y proteger la biodiversidad. Así, es un proyecto en línea con la transformación y recuperación de la crisis de la COVID-19 “en clave verde” por la que apuesta la UE para todos los sectores de la sociedad.
Y es que, en este contexto de reactivación de la economía frente al coronavirus, el texto insta a aprovechar todas las oportunidades en términos de modernización de la economía, de la industria, de la generación de empleo y de la atracción de inversiones que abre el tránsito hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites del planeta. Esta ley está en sintonía con el Pacto Verde Europeo, uno de los ejes del marco de recuperación de la Comisión Europea.
