En un contexto en el que el modelo de gestión privada de la sanidad pública está en el punto de mira para el futuro gobierno de coalición integrado por PSOE y Unidas Podemos, la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana ha vuelto a poner la lupa sobre las cuentas pendientes entre la Consejería de Sanidad y las cinco empresas concesionarias de asistencia sanitaria en la región.
En su último informe de fiscalización de la cuenta de la administración de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2018, cuya redacción se ultimó a finales del pasado 2019, la entidad subraya, entre otros puntos, que un acuerdo transaccional alcanzado por la consejería y la empresa concesionaria en el Departamento de Salud de La Ribera hasta la finalización del contrato en marzo de 2018, del Grupo Ribera Salud, no se atiene a uno de los artículos de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones de la Generalitat Valenciana.
Según explica este documento, las liquidaciones correspondientes a los ejercicios de 2013 a 2015 fueron aprobadas por la consellería en febrero de 2018 por un importe a favor de la administración de 105,7 millones de euros. La concesionaria presentó un recurso contra estas liquidaciones, desestimado por la Generalitat y, posteriormente, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Para concluir los procedimientos judiciales en curso, en abril del año pasado ambas partes alcanzaron un acuerdo en el que la cantidad establecida inicialmente a favor de la Generalitat se rebajaba sustancialmente en 32 millones de euros, y ascendía a 73,3 millones de euros.
El artículo incumplido con este acuerdo establece que no se podrá transigir judicial o extrajudicialmente los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat salvo por decreto del Consell a propuesta de la Consejería de Hacienda e informe de la de Sanidad y previo dictamen, en todo caso, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Subraya también que en el expediente no consta la fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada, otro paso necesario.
Liquidaciones pendientes
La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana ya reflejó en su informe correspondiente al ejercicio de 2017 las cantidades pendientes de pago a la administración pública valenciana por parte de las concesionarias de la atención sanitaria con participación del grupo Ribera Salud, que según publicó GACETA MÉDICA superaban los 140 millones de euros (ver GM nº753).
En esta ocasión, no se detallan las cantidades de forma específica, aunque el documento sí refleja que a 31 de diciembre de 2018 quedaban un total de 38 liquidaciones anuales por los cinco contratos de concesión de asistencia sanitaria pendientes o en trámite de elaboración, 28 de ellas relacionadas con empresas vinculadas a este grupo.
Reequilibrio financiero
En el repaso de los procedimientos judiciales o administrativos iniciados por las concesionarias para la prestación de del servicio de asistencia sanitaria, el informe también constata que la consejería de Sanidad informó en sus alegaciones sobre la notificación a la abogacía de la Generalitat de las sentencias de dos recursos contencioso-administrativos interpuestos por las concesionarias de los departamentos de Salud de Torrevieja y Elche ante el TSJCV.
Tal y como informó este periódico a principios de diciembre, dos sentencias del citado tribunal han desestimado la reclamación por parte de las concesionarias de dos cantidades en concepto de reequilibrio económico de la concesión, por importes de 37,7 millones de euros en el caso de Torrevieja y 87,7 millones en el departamento de Salud de Elche.
Sindicatura de Cuentas
En su último informe sobre 2018 recoge 38 liquidaciones con las concesionarias pendientes o en elaboración
Sentencias
Desestimaron la reclamación de reequilibrio financiero por 37,7 millones de euros en Torrevieja y 87,7 en Elche
