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EP Madrid | miércoles, 29 de noviembre de 2017 h |

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que su departamento “intentará” cambiar la legislación “antes de final de año” para reducir la temporalidad de los investigadores, cuyos puestos de trabajo corren peligro a partir del 31 de diciembre, según han denunciado diversos centros.

“Se están buscando las alternativas”, ha asegurado el ministro durante su intervención en el Pleno del Congreso, en donde ha sido cuestionado por esta materia por el diputado de PDeCAT, Ferran Bel. El diputado catalán, además de echar en cara al Ejecutivo sus recortes en I+D+i en los últimos años, también ha pedido que se renueve los contratos del centenar de científicos cuyo trabajo está en peligro.

Así, ha señalado que el Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO) podría perder al 15 por ciento de su plantilla a finales de 2017, mientras que el Centro Nacional de Investigación Cardiovascualar (CNIC) perderá el 13 por ciento como consecuencia de la aplicación de una disposición adicional de los presupuestos para 2018.

Esta disposición responsabiliza personalmente a los gerentes de los centros públicos de irregularidades como la realización de contratos temporales de más de tres años o la concatenación de contratos.

“Estamos ya comprometidos, me comprometí en el Senado para estabilizar la situación de estas personas”, ha insistido De Guindos durante su intervención, en la que, además ha señalado que, según la Estadística sobre Actividades en I+D correspondiente al año 2016, “el número de investigadores en España ha aumentado en más de 5.000 personas”, lo que ha considerado “un paso importante para superar la temporalidad”.

Precisamente, este miércoles, 29 de noviembre, el Senado ha aprobado con 231 votos a favor y 12 abstenciones, una moción consecuencia de interpelación del grupo socialista por la que insta al Gobierno a desarrollar de forma urgente las medidas necesarias para evitar el despido de investigadores con contratos temporales, de modo que las fundaciones científicas, así como otros agentes de ejecución del sector público, puedan hacer uso de las modalidades de contrato de trabajo específicas del personal investigador establecidas en la Ley de la Ciencia.

Asimismo, exige que establezca un procedimiento extraordinario para la estabilización del empleo temporal de los investigadores, haciendo que a la mayor brevedad se reconviertan en contratos indefinidos todos los contratos temporales vigentes de investigadores con más de tres años en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), consorcios y fundaciones de investigación del sector público.

El pasado 21 de noviembre, un total de 79 científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) –ambas fundaciones– suscribieron una misiva dirigida al presidente del Gobierno y a otros cinco ministros en la que avisaban de que su labor investigadora estaba en “serio peligro” y pedían una “solución urgente” que garantizase la integridad y estabilidad de su plantilla.

En tercer lugar, el Senado insta al Ejecutivo a establecer un sistema objetivo para la evaluación y promoción del personal investigador de los OPI que armonice el régimen de retribuciones como prevé la Ley de la Ciencia.