J.V. Madrid | viernes, 30 de junio de 2017 h |

DS Legal Group, despacho de abogados especializados en derecho sanitario, ha ampliado sus servicios para todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por la reciente compra del Banco Popular por el grupo Santander. El despacho, dirigido por Conrado Núñez, ya tomó la misma decisión con el caso Bankia. DS Legal Group llevó a cabo de manera satisfactoria multitud de reclamaciones contra esta entidad parte de los accionistas que contrataron sus servicios de defensa, asesoramiento y reclamación.

Ahora, tras la reciente quiebra y absorción del Banco Popular por el Santander, vuelven a ofrecer estos servicios jurídicos para que los accionistas y clientes afectados traten de recuperar el dinero perdido.

Y es que, como consecuencia de este traspaso, productos financieros de la entidad vendida como acciones, bonos convertibles o deuda subordinada han sido completamente amortizados, haciendo así que miles de inversores hayan perdido todo su dinero.

Diferentes afectados

Entre los afectados, hay que distinguir en primer lugar a aquellos clientes con productos de bajo riesgo tales como cuentas, hipotecas o depósitos en la entidad, los cuales pasan a ser clientes del banco adquirente, sin tener mayores consecuencias, según ya manifestó Ana Patricia Botín, presidenta del Santander.

Tampoco varía demasiado la situación para aquellos que ya habían comenzado algún tipo de reclamación vía judicial contra el Popular, pues la adquisición no afecta al proceso dado el mantenimiento de la identidad jurídica del banco, debiendo seguir este su curso habitual.

Merece una preocupación distinta aquellos que disponían de los productos de inversión anteriormente referidos (acciones, bonos, deuda subordinada) sin haber iniciado anteriormente a la compra alguna reclamación mediante vía judicial, pues al haberse acordado su amortización las consecuencias de la compra son evidentes.

“Para los accionistas que compraron títulos tras la última ampliación, los adquirentes de bonos convertibles o deuda subordinada, la reclamación sería pareja a la ya interpuesta por miles de afectados contra la financiera Bankia, basándose la misma en el error por vicio en el consentimiento, bien por falsedad en el folleto de ampliación y cuentas anuales para el primer caso, bien por desconocimiento del producto adquirido para los restantes supuestos”, añade Conrado Núñez, CEO de DS Legal Group

Más compleja parece la reclamación para los adquirentes anteriores a la última ampliación al tener que demostrar la falsedad de las cuentas vigentes al momento de la compra, así como para los inversores de fondos e inversores institucionales, al existir el precedente del Supremo que con el caso Bankia tan solo afectaba a los clientes minoristas, dejando fuera los perfiles profesionales.