Este miércoles se ha llegado a un acuerdo entre los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer un tratado internacional destinado a mejorar la respuesta ante futuras pandemias. El consenso evidencia la importancia de que los distintos países que conforman la organización dispongan de medidas nacionales para prevenir e intervenir eficazmente frente a posibles emergencias sanitarias.
En este contexto, España continúa avanzando hacia la puesta en marcha de dos instrumentos clave para reforzar su preparación ante futuras pandemias: la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) y el Plan Estatal de Preparación y Respuesta ante Emergencias de Salud. Ambas iniciativas, impulsadas tras la experiencia de la COVID-19 buscan mejorar la coordinación, la respuesta y la resiliencia del sistema sanitario español.
La AESAP, concebida como un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, tiene como objetivo coordinar la vigilancia epidemiológica, la gestión de emergencias sanitarias y la promoción de políticas de prevención. Su creación fue incluida en la Ley de Salud Pública de 2011, pero no fue hasta la pandemia de la Covid-19 cuando se reactivó su tramitación.
En marzo de 2025, la Comisión de Sanidad del Congreso aprobó el proyecto de ley con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto Vox. Sin embargo, en el pleno del Congreso, la iniciativa fue rechazada por 176 votos en contra frente a 167 a favor, debido a la oposición del PP, Vox y Junts, que cambiaron el sentido de su voto tras un bronco cruce de acusaciones en el pleno con la ministra de Sanidad, Mónica García.
A pesar de este revés, el Gobierno anunció su intención de volver a presentar la ley en el Congreso, confiando en que se logre un consenso más amplio. El pasado 8 de abril, la ministra de Sanidad fue tajante al respecto, instando a los grupos parlamentarios que rechazaron la aprobación de la medida a reconsiderar su postura: «Con la salud no se juega. Esperemos que los que votaron en contra recapaciten».
Además, García destacó que la AESAP es una deuda pendiente desde hace más de una década y subrayó la necesidad de mantener la salud pública al margen de intereses partidistas, ya que considera que «es también una deuda pendiente con los ciudadanos». En esta línea, la semana pasada el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley de la Agencia, que volverá así al Congreso.
El RD, casi listo
Paralelamente, el Ministerio de Sanidad está ultimando, como adelantó Gaceta Médica, el Real Decreto que establecerá el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias. Este plan tiene como objetivo cumplir con las exigencias europeas en materia de respuesta ante emergencias sanitarias, mejorando la coordinación entre las distintas administraciones y garantizando una respuesta rápida y eficaz ante futuras crisis.
Ambas medidas están diseñadas para abordar las deficiencias de coordinación y respuesta observadas durante la pandemia de COVID-19. La AESAP proporcionaría un marco institucional sólido para la gestión de emergencias sanitarias, mientras que el Plan Nacional de Preparación y Respuesta establecería protocolos claros y recursos estratégicos para hacer frente a amenazas sanitarias graves.
No obstante, la implementación de estas iniciativas enfrenta desafíos políticos y legislativos. El rechazo de la AESAP en el Congreso refleja la polarización política que podría dificultar su aprobación definitiva. Además, la eficacia del Plan Nacional de Preparación y Respuesta dependerá de su capacidad para integrar y coordinar a todas las comunidades autónomas y actores del sistema sanitario.
En resumen, aunque España está dando pasos importantes hacia la creación de estructuras más robustas para enfrentar futuras pandemias, el éxito de estas iniciativas dependerá de la superación de obstáculos políticos y de la capacidad de implementación efectiva. Si se logran estos objetivos, el país estará mejor preparado para proteger la salud pública ante posibles crisis sanitarias.
