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Cuando el Gobierno anunció “la mayor transferencia directa de liquidez que jamás han recibido las comunidades autónomas”, refiriéndose al Fondo No Reembolsable de 16.000 millones de euros, las autonomías celebraron esta medida sin precedentes. Sin embargo, la mayoría de ellas puso sus expectativas por las nubes. Y ahora, Hacienda ha cambiado los criterios de reparto del dinero, provocando descontento y disconformidad entre las comunidades que salen más perjudicadas.

La mayor parte del fondo (más de la mitad) se destinará a gasto sanitario. En total, serán 9.000 millones de euros divididos en dos tramos. El primero, de 6.000 millones, se abonará en julio, mientras que el segundo tramo de 3.000 millones se transferirá en noviembre. En ambos casos se tendrá en cuenta el impacto de la pandemia en cada región y para ello los criterios de reparto se basarán en hospitalizaciones, ingresos UCI o PCR totales realizadas. Otra variable que se tendrá en cuenta es la población protegida equivalente.

Educación gana los 1.000 millones que pierde Sanidad

De esta forma, Sanidad ha perdido 1.000 millones por el camino, pues Hacienda anunció inicialmente que recibiría 10.000 millones. Sin embargo, esta cantidad se transferirá a Educación, un sector para el que se habilitarán finalmente 2.000 millones en septiembre (el doble de lo que iba a destinarse en un principio). Según el Gobierno, esta partida “es fruto de las conversaciones mantenidas con las comunidades”. Además, responde a “las peticiones de las familias” y servirá para reforzar los recursos de los centros educativos cuando España entre en la nueva normalidad.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda

Así, estos fondos “van destinados a dos grandes emblemas de este Gobierno: la educación y la sanidad”, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo que sí se mantendrá será la cantidad prometida de 5.000 millones por la caída de la actividad económica.

Pero la nueva forma de reparto en el que se prima a las comunidades que han tenido más contagios y a las que tienen más población no ha sentado bien en general. Para Montero, que “ningún territorio esté plenamente contento” es “síntoma de un reparto equitativo y justo”.

Las reacciones de las comunidades

Durante las últimas semanas, Hacienda ha escuchado las propuestas de las CC.AA y los distintos partidos políticos. Precisamente, con la prevalencia del criterio de población, se responde a la petición de la Comunidad Valenciana (PSOE), quien da la bienvenida a esa rectificación. Para el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), es un “reparto justo, razonable y adecuado”.

En Madrid y Andalucía, dos de las comunidades más pobladas en España, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juan Manuel Moreno, ambos del PP, tampoco han tenido queja en cuanto a los cambios de criterios.

Sin embargo, Cataluña, otra de las comunidades con mayor peso población, sí ha mostrado un gran malestar por “los vaivenes” del Ejecutivo. Quim Torra cree que se perderán “decenas de millones de euros” y reclama 15.000 millones para “no ahogar a Cataluña”. La ministra Montero ha reprochado la expresión del catalán: “No tiene más valor que su descontento permanente”. Por su parte, Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha añadido que nunca ha habido una “pretensión de invasión ni recorte de competencias, sino todo lo contrario: en la fase 3 (de la desescalada), las comunidades tienen plena competencia de gestión”.

Las áreas más rurales han sido las más críticas. La pandemia ha hecho grandes estragos en Castilla y León, Castilla-La Mancha o La Rioja, pero cuentan con una densidad de población más baja. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), dice que se “castiga a las comunidades más afectadas por la Covid-19”.

También el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla ha protestado por el incremento del peso de la población, pues no beneficia a Cantabria, que tiene “un coste de servicios públicos más elevado” que otras regiones.