La semana pasada, la Comisión de la Unión Europea (UE) aprobó su propuesta para la futura Ley de Medicamentos Críticos. Según Olivér Várhelyi, comisario de Salud de la UE, esta normativa “vela por la seguridad del abastecimiento y la disponibilidad de medicamentos esenciales o críticos, además de la accesibilidad de otros medicamentos clave donde el mercado no está cubriendo las necesidades”.
Pocos días antes de que esta propuesta se aprobase, once países de la UE, solicitaron a la Comisión Europea que incluyera dichos medicamentos críticos en el marco de financiación de los nuevos fondos que se destinarán a reforzar la defensa comunitaria. Los ministros de Sanidad de dichos países (Alemania, Bélgica, República Checa, Chipre, España, Eslovenia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania y Portugal) firmaron un texto que subrayaba que “es fácil para actores extranjeros convertir esta dependencia en una vulnerabilidad crítica, una que podría socavar gravemente la seguridad y las capacidades de defensa de Europa”.
La propuesta de utilizar fondos de defensa para la adquisición de medicamentos críticos y materiales médicos supone un cambio de estrategia por motivos geopolíticos, pero con evidente contexto social. Estos sugieren que la Ley de Medicamentos Críticos se financie parcialmente con los fondos de defensa de la UE, transformándola en un programa estratégico de gran escala que garantice la autonomía estratégica del continente en materia sanitaria.
A nivel económico es clave porque nos hace más autosuficientes a la hora de conseguir medicamentos y fortalece la producción autóctona
David Cantarero, doctorado en economía y catedrático de la Universidad de Cantabria, ha explicado a este medio que “esta estrategia ayuda a no depender tanto de proveedores externos y a estar mejor preparados para posibles emergencias sanitarias. A nivel económico, eso es clave porque nos hace más autosuficientes a la hora de conseguir medicamentos, fortalece la producción autóctona y nos deja en una mejor posición ante futuras crisis e incertidumbres“.
La misiva de los ministros de Sanidad de estos países subraya que entre el 80% y el 90% de los antibióticos se producen en el continente asiático, principalmente en China, lo que supone una dependencia que derivó en una vulnerabilidad del bloque comunitario durante la pandemia de la COVID-19.
Dicha propuesta no implica, necesariamente, una disminución del presupuesto destinado a Sanidad para aumentar el de Defensa: “Por el contrario, se sugiere ampliar la definición de gasto en Defensa para incluir inversiones en el sector salud, especialmente en la producción y suministro de medicamentos críticos. Esto permitiría utilizar fondos de defensa para fortalecer el sector sanitario sin afectar negativamente el presupuesto destinado a la Sanidad“.
La sostenibilidad del plan a largo plazo
Cantarero afirma que la sostenibilidad del plan a largo plazo depende directamente de la planificación estratégica para mantener ambos sectores. “Según un estudio realizado por Fonfría & Calvo (2023) sería preciso determinar qué capacidades militares se ajustan mejor a las necesidades estratégicas planteadas y analizar las distintas alternativas disponibles”.
Según el experto, la ampliación de la definición de gasto en Defensa incluye áreas como la ciberseguridad y la salud pública, lo que podría facilitar una asignación más flexible de los recursos públicos. Aun así, Cantarero incide en que hay que encontrar un equilibrio por lo que “es crucial garantizar que esta flexibilidad no comprometa la capacidad de defensa ni la calidad de los servicios sanitarios”.
Es importante encontrar un “equilibrio” que permita atender ambas necesidades sin comprometer Defensa o sanidad
Asimismo, Cantarero asegura que destinar estos fondos a la investigación y desarrollo de medicamentos puede ser “más eficiente” a largo plazo, ya que “fortalece la capacidad interna de producción y reduce la dependencia de terceros países -mayor independencia-“. Este es uno de los motivos por lo que la semana pasada la Comisión Europea ha presentado la Ley de Medicamentos Críticos, ya que quiere incentivar la producción dentro de la UE y diversificar las cadenas de suministro. “Esta inversión en I+D podría mejorar la resiliencia del sistema sanitario europeo“, afirma Cantarero.
Consecuencias económicas
Según el experto, habría dos consecuencias económicas para la UE: “En primer lugar, fortalecería la infraestructura sanitaria y reduciría la dependencia externa”. Y en segundo lugar, Cantarero explica que podría limitar la capacidad de inversión en defensa, afectando la seguridad nacional. Es por ello, que incide en que es importante el poder encontrar un “equilibrio” que permita atender ambas necesidades sin comprometer ninguna de las dos.
“Esta estrategia es una buena manera de estar mejor preparados ante posibles crisis de salud pública. Con la propuesta de la Comisión, se reduciría la dependencia en la producción y el suministro de medicamentos esenciales, lo que fortalecería la autonomía sanitaria de la UE”, concluye Cantarero.
