Tras su aprobación en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, el proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública continúa su tramitación parlamentaria. Así, el pleno de la Cámara Baja ha acogido este jueves un debate previo la votación de la iniciativa. Un pleno que ha comenzado algo agitado y que ha contado con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Tanto García, ocupando su butaca como miembro del Gobierno, como Gullón y Simón, juntos en la tribuna de invitados, han escuchado con atención las aportaciones de los diputados. Los diferentes grupos parlamentarios han reconocido la necesidad de contar con una Agencia de Salud Pública para hacer frente a futuras pandemias o crisis sanitarias, pero han pedido insistentemente que esta sea independiente y respete las competencias de las comunidades autónomas (CCAA).
“Una prioridad”
“De la pandemia aprendimos que es fundamental la anticipación ante futuras crisis, que la salud pública salva vidas y que su financiación debe ser una prioridad”, ha recalcado Carmen Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, durante su intervención. Así, ha apuntado que la Agencia Estatal es “un instrumento de coordinación necesario para gestionar la necesidad de conseguir una respuesta rápida, eficaz en la vigilancia y control de los riesgos para la salud”.
“La internacionalización de la salud publica es una realidad y España va a ser parte del proceso”, ha agregado Martínez, quien ha querido agradecer el trabajo de todos los que están “ayudando a que la agencia nazca con el mayor grado de consenso”. “La Agencia de Salud Pública es un ítem de excelencia de nuestro SNS que nos sitúa a la vanguardia del ámbito internacional. Ojalá que en todos los territorios apostemos por dignificar el trabajo de esta agencia”, ha concluido.
Por su parte, la ministra de Sanidad ha recalcado que será un “honor” poder hacer realidad esta ley en una fecha tan señalada como el quinto aniversario de la pandemia. “La prevención de la salud no permite escándalos como el que ha protagonizado hoy el Partido Popular”, ha destacado. Además, García ha defendido la labor y “profesionalidad” de Simón al frente del CCAES durante la pandemia. “Con la evidencia disponible en aquel momento se tomaron las mejores decisiones, que fueron evolucionando a medida que teníamos más y mejor información”, ha añadido. “La salud pública siempre ha sido invisible, pero siempre ha estado ahí”, ha afirmado García.
“Preocupación y escepticismo”
“Con la pandemia quedó claro que España necesitaba una estrategia de salud pública eficaz”, ha comenzado su intervención María del Mar Vázquez, diputada del Grupo Parlamentario Popular. “Venimos aquí con una mezcla de preocupación y escepticismo, porque traen una agencia sin financiación y sin garantías de independencia”, ha declarado.
Así, ha mostrado una postura “muy crítica”. Algo que ha supuesto una sorpresa para la ministra de Sanidad, quien ha señalado que el Partido Popular votó a favor en la Comisión de Sanidad: “Hoy deberíamos estar contentos, orgullosos y cohesionados”, ha recalcado Mónica García.
Vázquez ha insistido en que tratarán de “mejorar el texto en el Senado” y, de ser aprobada, “vigilaremos esta ley y enunciaremos todos los intentos de atentar contra la independencia científica”. “No permitiremos que se continúe jugando con la salud de la población y que esta agencia sea el brazo ejecutor del PSOE”, ha puntualizado la diputada popular.
Las competencias autonómicas, ¿en juego?
Una de las mayores preocupaciones de las formaciones era que las competencias de la futura Agencia ‘chocaran’ con las que corresponden a las CCAA. Néstor Rego, diputado del Grupo Mixto, ha señalado que, “al principio, nos generó algunas dudas al Bloque Nacionalista Galego, porque algunas de las competencias de la Agencia podrían ser competencias de las CCAA, pero también vimos la necesidad de crear un nuevo ente con forma de Agencia”.
Del mismo parecer es Cristina Valido, diputada del Grupo Mixto, quien ha afirmado que apoyan la Agencia, pero ha manifestado “preocupación sobre posibles tentaciones de centralización”. Valido ha agregado que se debe “empezar a trabajar ya en una hoja de ruta clara” para enfrentar situaciones como la vivida por la COVID-19.
Por su parte, Maribel Vaquero, diputada del Grupo Parlamentario Vasco, ha mencionado la incorporación de una enmienda sobre las competencias de la Agencia para “corregir esta cuestión”. “Presentamos con Junts 15 enmiendas que hemos conseguido transaccionar prácticamente todas”, ha recordado.
En este contexto, Vaquero ha señalado que “se partió de un proyecto de ley con una gran indefinición, cuestión que hemos intentado solventar en las enmiendas”. “Gracias a la incorporación de estas se ha incluido una mayor claridad en las funciones de la agencia”, ha apuntado. “No considero que la creación de la Agencia solucione todos los problemas del futuro, pero se trata de homogeneizar y colaborar”, ha concluido.
Además, Marije Fullaondo la Cruz, diputada de GEH Bildu, ha apostado por “confiar en la ciencia y en la sanidad pública”. “A la hora de elaborar políticas de salud publica a nivel europeo o del Estado es esencial y prioritaria la colaboración bien coordinada. Las consecuencias de la COVID-19 han hecho que la sanidad y la salud pública tengan cada vez más importancia en la agenda social y política de Europa”, ha indicado.
De este modo, Fullaondo ha asegurado que, desde su formación, no tienen dudas: “Ante las crisis de salud pública que puedan darse en el futuro, es necesario tener previstas medidas fundamentales. Para ello, necesitamos coordinación, colaboración y cooperación, pero no subordinación. Las competencias exclusivas de las CCAA deben ser respetadas. Y eso es lo que ha buscado Bildu durante la tramitación de este proyecto de ley”, ha aseverado.
Precisamente, la ministra García ha recalcado que “la pandemia de COVID-19 nos pilló con los radares apagados”, algo que “no puede volver a pasar”, y ha recordado que “las competencias en materia de vigilancia epidemiológica están en las CCAA”.
Una visión “integral” de salud
“Algo que aprendimos en la pandemia fue tener la máxima unidad posible. Aquí interpretamos que hay que subir el tono, pero las conversaciones en los pasillos son mucho más calmadas”, ha asegurado Rafael Cofiño, diputado del Grupo Parlamentario Sumar, en referencia a las intervenciones más críticas.
Cofiño ha defendido que la Agencia debe tener una visión integral”. “No puede ser un taller de chapa y pintura del CCAES, sino que debe tener una visión más amplia, incorporando los determinantes sociales de salud. Y las CCAA tienen un papel clave en el desarrollo de las políticas”, ha agregado. Algo en lo que ha coincidido la diputada socialista Carmen Martínez: “Es fundamental reducir las desigualdades y trabajar en los determinantes sociales”, ha afirmado.
Además, Cofiño ha apuntado a la importancia de contar no solo con perfiles sanitarios y de prevención, sino también de ciencias sociales. “La Agencia, con todos los matices aportados, es fundamental, pero no hay que perder de vista que la salud pública y comunitaria se hace en los territorios”, ha asegurado.
Por otro lado, Etna Estrems, diputada del Grupo Republicano, se ha centrado en “ser de utilidad para los catalanes y las catalanas”. Por ello, ha vuelto a defender la innovación incremental, que han conseguido introducir en la ley. Y es que ha destacado que Cataluña concentra la mitad de la industria farmacéutica. Sin embargo, Estrems considera que “esta ley ha dejado cosas por el camino que eran imprescindibles”, aludiendo a la no rebaja del IVA del veterinario. Y es que ha criticado que, para los medicamentos veterinarios, el IVA es del 21%.
El ‘no’ de Vox
Finalmente, el Grupo Parlamentario Vox ha sido el único que ha apostado por un rotundo “no” a la Agencia. “Hemos perdido una oportunidad”, ha declarado David García Gomis, diputado de Vox, quien ha acusado al Gobierno de convertir la agencia en un “chiringuito para colocar a los suyos”.
Tras el debate, se han rechazado dos enmiendas de última hora, una del Partido Popular y otra de Vox.
