XXV Jornadas de Derecho Sanitario

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Carlos B. Rodríguez

Madrid

| viernes, 19 de octubre de 2018 h |

Historia clínica; consentimiento informado; secreto profesional; ordenación de las profesiones sanitarias… Estos son solo unos pocos ejemplos que manifiestan el entendimiento del que el derecho a la salud goza hoy en día. Pero no siempre ha sido así. Cuesta creer que en 1992 apenas hubiera normativa adecuada para dar cobertura a los problemas sanitarios. Este año se celebra el 40 aniversario de la Constitución y nada mejor que echar la vista atrás para saber todo lo que el trabajo conjunto ha sido capaz de construir en torno al sistema sanitario… Y para reconocer, también, cómo hacer frente a las necesidades futuras y, sobre todo, presentes. El XXV Congreso de Derecho Sanitario, organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha servido para reconocer el trabajo realizado en torno a la legislación sanitaria española.

Todo podría resumirse en la siguiente anécdota. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, recuerda cómo una conversación telefónica con José Antonio Labordeta fue el origen de la Ley de Cohesión y Calidad. El entonces diputado le dio su apoyo en esa misma conversación sin conocer siquiera líneas más concretas de un borrador que no existía. Esto viene a vincular lo que para Pastor fue su etapa al frente del Ministerio y lo que ahora necesita el SNS. “Es necesario el consenso y el acuerdo entre los grupos”, dijo en una mesa sobre los 25 años de legislación sanitaria patrocinada por AMA.

En el caso de la Ley de Cohesión y Calidad, dijo Pastor que hoy “se incumple” porque la cartera no es la misma en todas las comunidades autónomas y que “habría que actualizarla”. Lo mismo que la Ley de Autonomía del Paciente —cuya revisión tiene pendiente, a su juicio, “incluir el relevante papel de los pacientes” en la salud— y la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), cuyo desarrollo, reconoció, está “prácticamente intacto”. Hacerlo resultaría clave, a su juicio, para aliviar las tensiones que hoy enturbian la relación entre las profesiones sanitarias.

José Manuel Romay, ex presidente del Consejo de Estado y ministro entre 1996 y 2000, consideró que el sistema jurídico “deja mucho que desear” para los profesionales y que el modelo de relaciones laborales, en una actividad donde lo importante es la persona, “es poco estimulante”. En la misma línea se pronunció también Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía. Para esta experta, la normativa sanitaria “está en el olvido” y se mostró crítica con la “pereza” de los poderes normativos ante otros temas como la Ley de Colegios Profesionales.

El llamamiento al consenso que trasladó la presidenta del Congreso también podría considerarse el mensaje trasladado por Julián García Vargas, ministro entre 1986 y 1991, que desgranó los 25 años de legislación sanitaria desde el punto de vista la sanidad pública y privada. Reconoció García Vargas cómo la crisis vino para cambiarlo todo. Acostumbrado a crecer, a partir de 2009 el SNS tuvo que adaptarse de golpe a tener que pagar a los proveedores en plazo, a tener que ajustarse a los presupuestos… En definitiva, a una reducción de gasto de la cual aún no se ha recuperado: entre 2009 y 2013 el gasto público cayó un 13,2 por ciento y hoy aún está por debajo de 2009.