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Diciembre de 2002. El entonces presidente de la Organización Médica Colegial, Guillermo Sierra, mostraba su desacuerdo con la exclusión de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema de Salud de las reivindicaciones más importantes del colectivo médico.

En una entrevista con Gaceta Médica “Hospitalaria”, Sierra señalaba que el texto no recogía ninguna de las propuestas que la organización colegial realizó al ministerio de Sanidad durante su redacción. Y defendía una idea que hoy sigue vigente: que la aprobación de cualquier norma que afecte al ámbito médico necesita contar con unos profesionales sanitarios motivados e incentivos si quiere llegar a buen puerto.

No obstante, Sierra admitía el esfuerzo realizado por la entonces ministra de Sanidad, Ana Pastor, en la búsqueda de un consenso amplio y confiaba en que sus peticiones se tuvieran en cuenta durante el trámite parlamentario.

Además, en esta primera entrevista, Sierra reclamaba al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas la promoción de una carrera profesional única y básica para todo el estado. Equidad, en definitiva.

La entrevista fue el tema principal del primer número de GM. Un asunto de portada compartido con otros artículos sobre las desigualdades en el trato a los residentes en las diferentes regiones, la situación de la oncología médica en nuestro país o el grave riesgo que representaban las enfermedades infecciosas.

Nada hacía presagiar entonces que casi 18 años después, pocos meses antes de que GM cumpliera su mayoría de edad, nuestras portadas se llenarían de siglas nuevas (SARS-CoV-2, COVID-19), que harían temblar los cimientos de un Sistema Nacional de Salud que en aquel entonces comenzaba a forjarse. La actual pandemia ha copado por completo la agenda del hoy ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en su primera intervención en la Comisión de Sanidad el pasado mes de febrero abogaba por mantener una línea de continuidad con las políticas del anterior ejecutivo.

En un momento en el que el nuevo coronavirus parecía una amenaza todavía lejana, Illa planteaba cinco grandes desafíos para el SNS: el compromiso para mantener a las personas como centro del sistema; el reto demográfico; el mantenimiento de la excelencia de los profesionales y la mejora de sus condiciones; la digitalización e innovación y la mejora de la financiación y la sostenibilidad.

Tras la primera oleada de COVID-19, una nueva prioridad aplazó todo lo demás: “Creo que hay que llegar a un pacto de Estado para reformar el SNS”, sentenció. El deseo de alcanzar un pacto por la Sanidad que implique a todos los agentes y que la mantenga a salvo de los vaivenes y luchas políticas ha sido y es una aspiración universal para los once ministros que han pasado por la sede del Paseo del Prado desde el primer número de este periódico.

El último intento, el de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica impulsada en el Congreso de los Diputados, cuyo dictamen final en el apartado de Sanidad recibió el visto bueno del pleno. Un acuerdo de mínimos, por otra parte, no exento de polémica que la oposición confía en reconducir por la vía parlamentaria a través de iniciativas que modifiquen la redacción final de los puntos más complejos antes de que se plasmen en nuevas leyes.

Mientras ministerio y comunidades tratan de hacer frente a la segunda oleada de la pandemia en nuestro país, las dudas sobre el coronavirus siguen marcando la agenda parlamentaria y protagonizan buena parte de las PNL que se debatirán en los próximos meses, junto a otras iniciativas sobre el impulso a la I+D, la actualización de la Estrategia de Salud Mental y un plan específico de suicidio, o la necesidad de avanzar en un diagnóstico diferencial frente a la gripe que ayude a esquivar el colapso.

Recursos humanos

Quizá el mayor consenso en este documento de base para la reconstrucción tiene que ver con la necesidad urgente de un plan de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud que resuelva, entre otros muchos puntos, la precariedad laboral de los profesionales sanitarios y afiance un recurso que es más imprescindible que nunca.

En casi 18 años, los temas de calado para los profesionales siguen casi en el punto de partida. Las peticiones para que se escuche la voz de los representantes de sus portavoces en la esfera política y en la negociación de las condiciones laborales; el desarrollo de la Ley de Ordenación Profesional, a través de un decreto de Troncalidad que se resiste; la puesta en marcha de un registro que, a pesar de estar creado, no termina de arrancar y es básico para planificar en situaciones de crisis como la actual, son asuntos que nos han acompañado a lo largo de toda la historia de este periódico.

Música de fondo como la creación de nuevas especialidades (enfermedades infecciosas y urgencias) que no llegan, o el impulso a nuevas formas de gestión que sitúen en primer plano a los profesionales sanitarios, que se han visto sepultadas por la urgencia asistencial que exige respuestas inmediatas y efectivas sin tiempo para una reflexión profunda.

Junto a estas notas, la llamada de auxilio de la atención primaria ha elevado también su tono y pide actuaciones urgentes para evitar que el pilar del Sistema Nacional de Salud se resquebraje.

Son temas ahora eclipsados por la pandemia que llevan más de una década en los cajones ministeriales y que tarde o temprano tendrán que coexistir entre las prioridades de los responsables políticos sanitarios con la atención urgente a esta situación crítica.


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