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E.M. Campo / J.P. Ramírez Madrid | viernes, 28 de octubre de 2016 h |


López Casasnovas señala
que la situación económica “ya ha hecho bajar mucho
la inversión”



Cantarero pone de manifiesto que las comunidades repetirán presupuestos en un marco de crecimiento



Bohigas recuerda que la Comisión Europea ha pedido a España recortes de 5.000 millones de euros



Rovira insiste en que “la respuesta dependerá de la capacidad de subir impuestos o de endeudarse”


La paralización que ha sufrido el Congreso de los Diputados en el último año ha forzado al Gobierno en funciones a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. El actual presidente, Mariano Rajoy, se ha impuesto como primer objetivo su aprobación en cuanto se ponga a trabajar el nuevo Ejecutivo. Pero las autonomías partirán con unas transferencias menores a lo inicialmente previsto, lo que impactará de manera negativa en sanidad. Cinco expertos en economía de la salud explican las posibles consecuencias.

Para Guillem Lopez Casasnovas, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, la situación genera un escenario específico. Se prorrogarían los créditos iniciales de los gastos de los presupuestos del año anterior. El profesor destaca que la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se puede adaptar, sin alterar su cuantía global, a la organización administrativa vigente en el nuevo ejercicio. Con respecto a capítulo uno, las retribuciones de personal se ajustarían a las dotaciones presupuestadas a 31 de diciembre de 2016, aclara el experto. En cuanto a los capítulos del 2 al 9 se prorrogan por la totalidad del presupuesto inicial de 2016 ajustado a las previsiones de ingresos finalistas y afectados por 2017.

Con respecto a los gastos durante esta etapa, López Casasnovas recuerda que no se podrán tramitar gastos de los capítulos 6,7, y 8, con la excepción de las que se financian con créditos autorizados por acuerdos de Gobierno de carácter plurianual. Ante esto, el economista resume que habrá “normalidad absoluta en cuanto a los gastos corrientes y restricción como en el resto de prórrogas en el gasto de inversión nueva”. Aún así, López Casasnovas recuerda que la situación económica y presupuestaria “ya ha hecho bajar mucho la inversión de los últimos años”. Por tanto subraya que “no debería haber problemas importantes exclusivamente por este motivo ni presupuestariamente, ni de tesorería”.

Salud y presupuesto

En la misma línea, Pere Ibern, profesor del Departamento de Economía y Empresa de la misma universidad, cita como ejemplo Cataluña, donde el gasto sanitario ha aumentado dos euros en una década. “A estas alturas, que en lugar de 10 años sean 11 ya no impresiona. Alguien debe preguntarse por la salud de los ciudadanos, y no por el presupuesto adicional que no lo habrá”, sentencia.

Por su parte, David Cantarero, profesor de Economía y responsable del Grupo de I+D+i en Economía de la Salud de la Universidad de Cantabria pone el acento en el techo de gasto. “Las comunidades se enfrentan a un escenario inédito desde hace años. Aún no se ha aprobado el techo de gasto del presupuesto estatal para 2017”.

En su opinión, la prórroga presupuestaria “afectará y bastante a la financiación sanitaria. Aún vamos a tardar en saber qué impuestos pagaremos y qué servicios públicos recibiremos (en especial en sanidad) ya que desde el punto de vista presupuestario, la consecuencia es que nos encontramos con que cualquier región no sabe cuáles serán sus ‘estrecheces económicas’ para el próximo año”.

Cantarero avisa de que se están desplazando gastos y déficit a 2017, en vez de a 2016. Y lo que es más, “el efecto ‘bola de nieve’ seguirá creciendo en las cuentas sanitarias y aumentara la deuda, por lo que puede volver a producirse una grave desviación entre el presupuesto inicial y el realmente liquidado al final del ejercicio”, advierte.

Si finalmente se aprueban nuevos presupuestos a corto plazo, se produciría bajo la condición de fijar un “techo de gasto” tal y como la exige la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este contexto, las regiones repetirían en sus presupuestos al no tener datos actualizados, asegura.

Algo difícil de entender, por otra parte, en un entorno en el que se prevé que la economía crezca el año que viene como mínimo al 2,4 por ciento, subraya. “Prorrogar supone funcionar con lo mismo que se tenía en el ejercicio anterior y eso equivale en el momento actual a nuevos ajustes y a restricciones fuertes del gasto, incluida la sanidad, produciéndose paradójicamente en un 2017 dónde habría crecimiento económico positivo”, concluye.

Según su visión, lo importante ahora es disponer de un borrador basado en simulaciones sujeto a revisión posterior. “Y es que el Ministerio de Hacienda no ha enviado a los diferentes territorios datos clave, como su objetivo de déficit final. Ello implica que hay que conocer bien estas cifras pues suponen muchos millones de euros al elaborar un presupuesto para el año que viene que se ha de hacer bajo un paraguas de incertidumbre”, admite. Cantarero augura que ante esa indefinición y parálisis, la inestabilidad va a hacer prácticamente imposible cumplir los objetivos de déficit.

El especialista insiste en que si los PGE se prorrogan se reduce el margen de maniobra presupuestario regional. Queda pendiente saber si se limita el gasto regional (incluida la sanidad) mediante la introducción de condicionalidad en los Fondos de Liquidez Autonómica.

“En todo caso la recaudación estatal sigue creciendo menos que lo previsto y la sanidad verá recortado su crecimiento, pues lo importante en un presupuesto es lo que aparece y, si nada cambia, lo que no aparezca ahí es una mera declaración de intenciones”, cita en alusión al hacendista Fritz Neumark.

Sobre este punto, el economista de la Universidad de Cantabria destaca que “falta voluntad política para pasar de las palabras a los hechos en un sector como el sanitario que necesita ser incentivado pues ayuda a que una economía funcione bien creando valor social e igualdad de oportunidades”. En resumen, insiste en que “se necesita una financiación sanitaria mucho más garantizada en cuanto a sus recursos que actualmente así como el despliegue de diversos fondos de cohesión y solidaridad que permitan rebajar las desigualdades”.

Exigencias de Bruselas

En este contexto, el experto en economía de la salud Lluís Bohigas recuerda que la Comisión Europea ya ha advertido a España de que debe afrontar recortes de 5.000 millones de euros si quiere cumplir con la senda del déficit. Las administraciones no han conseguido corregir la desviación durante este ejercicio. En los presupuestos que el Gobierno ha remitido a Bruselas estima que el déficit se situará en 2017 en el 3,6 por ciento, medio punto por encima del objetivo para ese ejercicio.

El impacto en sanidad dependerá de “si el recorte recae sobre las comunidades autónomas o se reparte con la administración central”, explica Bohigas. Solo País Vasco y Navarra, con un régimen fiscal diferente, podrían amortiguar los ajustes. “Si finalmente las comunidades deben hacer frente solas a esos 5.000 millones, hay que tener en cuenta que el presupuesto en sanidad representa el 40 por ciento”, añade.

La prórroga presupuestaria supondrá que los gobiernos regionales partan con las mismas transferencias que el año pasado. Según Bohigas, esta cantidad se calcula en función de los ingresos que el Estado recaudó hace dos años. “Este año les correspondería recibir la cifra de 2015, pero partirán con el mismo dinero que en 2014”, explica Bohigas. Según los PGE, los ingresos se situaron en 2015 en 298.319 millones de euros, lo que supone un 5,9 por ciento más que el año anterior. No obstante, Bohigas insiste en que esta cantidad se les devolverá en el futuro.

En la misma línea, Joan Rovira, profesor emérito del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, coincide en que la prórroga supone una mayor incertidumbre tanto para las administraciones públicas como para las empresas. “Si actúan con prudencia, lo lógico es que los agentes económicos gasten menos para evitar situaciones de falta de cobertura financiera y los consiguientes impagos”, advierte.

De todas formas, “en un contexto de presión de la Unión Europea para que España redujese el gasto público para reducir el déficit, la perspectiva de que se mantendrán las asignaciones de 2016 puede sugerir a los agentes la posibilidad de que dispondrán más de los que podrían disponer sin prórroga”, indica. En ocasiones anteriores, Rovira incide en que la prórroga de los presupuestos contribuyó a reducir el déficit debido al efecto simultáneo de la congelación de partidas de gasto y el aumento de los ingresos fiscales que generó el mantenimiento de los tramos impositivos en un periodo de inflación.

El economista hace hincapié en que las comunidades no reciben una asignación finalista para salud, de manera que cuentan con cierto margen para aumentar o reducir su gasto en salud independientemente de la asignación que reciban de los PGE: “No están obligadas a nada de forma determinista”.

Por ello, puntualiza que “la respuesta dependerá de la capacidad de aumentar los ingresos (impuestos) propios o de endeudarse y de la prioridad que otorguen al gasto en salud respecto a otras partidas”.

Para finalizar, Rovira insiste en que mantener la financiación sanitaria de las comunidades, si los ingresos del PGE disminuyen, “solo es posible con una combinación de aumentos en las aportaciones propias o del endeudamiento”. Dentro de los límites externos, aclara que “se trata de una decisión política que dependerá probablemente de la orientación política del gobierno de cada comunidad autónoma”. Como ejemplo, el economista cita el caso de Navarra, que anunció recientemente que sus presupuestos de salud para 2017 crecerán en un 5,4 por ciento respecto al año anterior, una decisión relativamente asumible en una comunidad que cuenta con “una financiación autonómica relativamente favorable”.