El Certificado COVID digital de la UE se ha hecho realidad en tiempo récord para volver a la libre circulación por el espacio Schengen. Su puesta en marcha deriva de conversaciones y negociaciones “muy estresantes”, señala a EG Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado de S&D y ponente del informe del Certificado en el Parlamento Europeo. Y es que el ritmo de trabajo ha sido “extremadamente exigente y sin precedentes”.
Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en Europa han celebrado la llegada de este Certificado. “Es una buena noticia para toda la ciudadanía de la UE que el Parlamento Europeo ha hecho cuanto ha estado en su mano por reestablecer la libre circulación, un derecho fundamental que hemos echado mucho de menos”, destaca López Aguilar.
“Desde el Partido Popular lo hemos defendido desde el primer momento y no solo para garantizar la movilidad de los europeos, sino porque es necesario para impulsar otra vez la economía y dar oxígeno a estos sectores tan castigados por la pandemia, como el turismo”, afirma Dolors Montserrat, portavoz del PPE, en conversaciones con este medio.
Evitar la discriminación
El Certificado COVID digital abandera la no discriminación, pues pretende unificar medidas en todos los Estados miembro. Sin embargo, aquellas personas que aún no ha podido vacunarse –o no han querido– y no han superado la enfermedad, necesitarán costearse una prueba negativa –PCR o antígenos– para poder viajar.
La mayoría de los eurodiputados, cuando la Comisión Europea presentó la propuesta del Certificado, pidieron que las pruebas fueran totalmente gratis. Sin embargo, fue el Consejo Europeo quien eliminó la gratuidad de las PCR.
Ante la resistencia de los Estados miembro de asumir la gratuidad de las pruebas, la Comisión se ha comprometido a movilizar 35 millones de euros para financiar los test de antígenos, “que también están en el Certificado y son mucho más baratos”, apunta López Aguilar. Asimismo, destinará 100 millones para abaratar las pruebas PCR, en especial para los colectivos que más lo necesiten (trabajadores transfronerizos que viajan con frecuencia, estudiantes, etc.).
“Hemos combatido a brazos partidos para remover cualquier obstáculo, y no digamos cualquier discriminación. Por eso, nosotros insistimos muchísimo en la gratuidad de las pruebas“, argumenta López Aguilar. Los socialistas, además, han luchado por el abaratamiento de los costes de las PCR, que “han llegado a resultar prohibitivos en algunos Estados miembro”.
Los populares también defienden las pruebas gratuitas. Pero, aunque no cejan en su empeño de conseguirlo, si el Consejo dice que no, entonces proponen “armonizar los precios“, dice Montserrat. “No puede ser que haya tanta diferencia entre países y en uno cueste una PCR 45 euros y en otro, 120”, lamenta la eurodiputada.
Una de las propuestas de Bruselas ante esta problemática fue la de utilizar el Instrumento de Apoyo a Emergencias (ESI, por sus siglas en inglés) para asignar una cantidad sustancial de dinero para garantizar pruebas accesibles, oportunas y gratuitas. “Se va a utilizar. Es una de las muchas facilidades financieras que han sido estipuladas en el curso de la pandemia para responder a sus consecuencias sociales y económicas, que han sido muy duras sobre todo en la fase inicial”, explica López Aguilar.
Armonización entre países
“El certificado es un instrumento unitario, vinculante para todos los Estados miembro. Supone un nuevo horizonte de seguridad jurídica y de confianza para los ciudadanos”, destaca el eurodiputado socialista. “Ahora les toca a los Estados miembro ponerse las pilas y asegurar la incorporación de las llamadas infraestructuras clínicas y dispositivos tecnológicos interoperables, que es una condición del Parlamento”, añade López Aguilar.
De este modo, todos los Estados miembro tendrán que incorporar el Certificado el 1 de julio como máximo, aunque ya hay algunos que se están anticipando, como España, y que ya han puesto en marcha un procedimiento de certificación compatible con el de la UE. “Este es el reto de mayor envergadura en los Estados intensamente descentralizados. Es el caso de España, Alemania o Italia, que son Estados extensos, con muchas regiones y muchas competencias sanitarias“, apunta el eurodiputado de S&D.
“Es una muy buena noticia como país que esa prueba piloto ya esté funcionando. Pero nosotros lo que hemos pedido es armonización, que todos los Estados miembro armonicen los precios y también la información: cómo descargar la app, que el Certificado garantice la protección de la salud sin discriminación”, concluye Dolors Montserrat.
