La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha puesto en valor en el Parlamento andaluz las medidas impulsadas en la comunidad autónoma en materia de salud mental. Entre las muchas acciones, ha recalado sobre aquellas para frenar las tasas de suicidio y pensamiento suicida entre adolescentes y jóvenes, así como el impulso de la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia, el refuerzo de los protocolos para la prevención y detección temprana de problemas de salud mental infanto-juveniles, y la incorporación de nuevos profesionales sanitarios para consolidar las unidades de salud mental infanto-adolescente.
En su comparecencia en la Cámara autonómica, ha subrayado también la formación de los profesionales sanitarios que se está llevando a cabo en el ámbito de la salud mental. “Estamos volcados en la formación específica de nuestros médicos de familia y todos los profesionales de Atención Primaria. Ocupan un lugar clave en la detección de enfermedades mentales y, particularmente, del riesgo de suicidio”, ha añadido. En este sentido, desde el Servicio Andaluz de Salud se han elaborado varios documentos dirigidos a profesionales sanitarios y a personas con ideación suicida y familiares.
La consejera ha recordado que los profesionales de Atención Primaria cuentan con un documento con información fundamental para facilitar información sobre este problema. Además, ha apuntado que las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental están desarrollando programas de prevención del suicidio en el ámbito local, trabajando de manera conjunta con Atención Primaria, servicios de urgencias, otras especialidades sanitarias y con Servicios Sociales y Educación. “A través del Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Andalucía se está trabajando para homogeneizar las intervenciones que llevan a cabo los profesionales en distintos ámbitos, como también estamos ofreciendo este año una formación específica a las enfermeras referente de los centros educativos, las conocidas como enfermeras escolares, en prevención del suicidio”, ha afirmado.
El servicio de salud mental ha atendido a 97.203 adolescentes en 2022
En sintonía con el mensaje, también ha manifestado que estas enfermeras tienen un rol privilegiado en la prevención del suicidio y en la atención a la conducta suicida de la población infanto-adolescente. El motivo es que son un punto de unión y coordinación entre los centros educativos y Atención Primaria. Por otro lado, ha informado que en el año 2022 han atendido a 97.203 adolescentes en el Servicio de Salud Mental, 7.971 más que en el mismo periodo anterior (un 7 por ciento más que en 2021).
Ley de Autoridad de Profesionales
Además de mencionar las medidas impulsadas en materia de salud mental en el territorio andaluz, la consejera también ha incidido en las acciones puestas en marcha en defensa de los trabajadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Según García, una de las más importantes será la aprobación del Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del SSPA, cuya finalidad principal es erradicar las agresiones contemplando un conjunto de acciones para su protección jurídica y material, así como actuaciones de apoyo.
La Consejería de Salud y Consumo establecerá un régimen sancionador para los usuarios del SSPA con sanciones económicas proporcionadas al daño causado, según ha respondido la consejera a preguntas de los grupos parlamentarios en la Cámara andaluza. Del mismo modo, ha recordado que dentro del Plan de Prevención de Agresiones para los profesionales del SSPA, activado en 2020, se recoge la creación de un Observatorio de Agresiones, cuyo objetivo es proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones.
“Desde la Consejería de Salud y Consumo siempre hemos manifestado el rechazo más absoluto hacia las agresiones a nuestros profesionales. Aplicaremos y pondremos en marcha todas las medidas posibles para luchar contra esta lacra”, ha puntualizado. En esta línea, ha manifestado que la Consejería de Salud y Consumo publica campañas de concienciación dirigidas a la población, destacando la labor profesional y recordando que las agresiones son un delito recogido en el Código Penal. Al respecto, ha destacado la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente, con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
