El pleno de la Junta General ha aprobado este viernes, por unanimidad de 43 votos a favor, la Ley del Principado de Asturias de concesión de un suplemento de crédito para el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), por 64,2 millones de euros.
Según la documentación que el Gobierno asturiano aportó junto con el texto dispositivo de la norma, la deuda terminará de pagarse en el año 2026 y conllevará el pago en intereses de 3,5 millones. Además, se establece que el impacto presupuestario de la norma supone la formalización de una operación de crédito en las siguientes condiciones: plazo de amortización de 10 años, dos años de carencia, amortización y liquidación de intereses anual y un tipo de interés fijo del 0,85 por ciento.
La ley impulsada por el Ejecutivo y que este viernes ha recibido luz verde del parlamento asturiano, se deriva de la revisión al alza del objetivo de déficit para las comunidades autónomas para 2016, que se sitúa en 0,7 por ciento. El Gobierno indicó que el Sespa gastó 165 millones más de los previstos en el presupuesto prorrogado de 2016. Para poder cubrir esa cantidad, además de la norma se ha recurrido a los ahorros generados en la ejecución presupuestaria procedentes de los intereses de la deuda y a ingreso adicionales obtenidos a lo largo del ejercicio procedentes del sistema de financiación autonómica.
En el turno de explicación de voto, tras la intervención de la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha incidido en la necesidad de realizar reformas para evitar continuar con la dinámica de endeudamiento; mientras que el parlamentario de Foro Pedro Leal ha reclamado una mejora en la gestión sanitaria asturiana.
Asimismo, la diputada de IU Marta Pulgar ha incidido en que se trata de “una secuela de la prórroga” y no supone otra cosa que autorizar “lo ya gastado”. “A la Cámara sólo le queda decidir si lo toma o lo deja”, ha lamentado, criticando una gestión “continuista y escasamente innovadora”.
En la misma línea, el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova ha recordado que se trata de “hechos consumados”. “Se nos pone la pistola en la cabeza para tragar con los gastos de quienes despilfarran”, ha recriminado. “Esto viene de pagar gastos de suministros, no de gastos de personal”, ha remarcado, apuntando a los costes de farmacia hospitalaria.
Desde el PP, la diputada Emma Ramos ha señalado que su grupo se debate “entre lo que pide la cabeza y lo que pide el corazón”. “A pocos días de terminar el año nos encontramos con un presupuesto prorrogado que no fue eficientemente gestionado”, ha reprochado, pidiendo “transparencia” al Ejecutivo de Javier Fernández para conocer las partidas concretas a las que van dirigidos los 64,2 millones de euros.
Finalmente, la diputada socialista Margarita Vega ha justificado que el proyecto de ley se vote ahora porque no pudo materializarse porque, aunque se conocieran, hasta este jueves no se formalizaron los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. “No se trata de otra cosa que de cubrir las necesidades sanitarias reales de 2016, por lo que es necesario suplementar ese crédito al presupuesto prorrogado. A eso no se le puede llamar pufo ni derroche”, ha argumentado, agradeciendo el voto favorable de todos los grupos.
