Andalucía aplica desde el pasado 21 de junio todas las medidas que rigen su nueva normalidad post-estado de alarma. Más de 400 directrices conforman la orden que fue aprobada el pasado viernes en Consejo de Gobierno extraordinario. Dentro de las mismas, se especifica que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continuará haciendo un seguimiento de la ‘red de seguridad’ tejida durante la pandemia. En forma de planes de contingencia, se encargará de operar en todas las provincias según lo requiera la situación epidemiológica.
Así lo detalló Jesús Aguirre en la Subcomisión de Sanidad y Salud Pública de la región. El consejero de Salud y Familias, que hizo un repaso por las actuaciones frente a la COVID-19, apuntó a que estos seguirían aplicándose para favorecer el ámbito asistencial. Entre ellos la redimensión del número de camas disponibles en función de la situación epidémica.
De esta forma, las plantillas de profesionales se adaptarán en todos los niveles asistenciales. Mientras, también se acelerará la implantación de la telemedicina para distintas especialidades de cara a reducir la alta frecuentación. Por su parte, continuará potenciándose la consulta telefónica en Atención Primaria.
Asimismo, se seguirá también potenciando e impulsando la actividad de la cirugía ambulatoria con la finalidad de liberar posibles incrementos de demanda en las plantas de hospitalización, así como las consultas en “acto único”.
Además, los planes de contingencia contemplan el mantenimiento de instalaciones alternativas con capacidad para aislamiento domiciliario y personas asintomáticas que nos dispongan de su propio domicilio, como turistas o transeúntes.
Posibles demoras asistenciales
Por otro lado, tal y como apunta la orden en el BOJA, “se podrán aplazar las actividades sanitarias programadas y no urgentes en los centros sanitarios de atención primaria y hospitalaria”. Así, se contempla variabilidad en este sentido en consultas exploraciones e intervenciones en función de la incidencia de la COVID-19 en la comunidad.
De igual manera, el texto apunta a que se mantendrán sin efecto hasta el momento en que se normalice la actual situación epidemiológica ocasionada por COVID-19, las garantías de plazo de respuesta recogidas en el Decreto 209/2001. En él se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica.
Una situación que también afecta al Decreto 96/2004. En él que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnóstico.
