La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado en el Parlamento andaluz sobre las medidas que se están llevando a cabo para frenar las agresiones al personal sanitario, donde sus primeras palabras han sido para condenar cualquier tipo de expresión violenta a los profesionales en cualquiera de sus ámbitos de trabajo.
De este modo, ha comunicado que en los próximos días se van a convocar distintas mesas contra estos ataques. Una de ellas promovida por el Sistema Andaluz de Salud junto a sindicatos, y otra por la propia Consejería, junto a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entidades profesionales, sindicatos y asociaciones de pacientes, entre otros.
En sendas mesas, ha dicho, Salud y Consumo llevará un plan de trabajo con acciones concretas en las que se ha estado trabajando en las últimas semanas. De estas sesiones de trabajo, ha concretado, espera que salgan “medidas consensuadas” que permitan erradicar, o al menos reducir, el impacto de las agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Durante su intervención, ha trasladado que, hasta el pasado mes de agosto, se han producido 1.103 agresiones, físicas o verbales, a los profesionales del ámbito sanitario, lo que supone un aumento del 8,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. En su desglose, marzo tuvo el mayor número de agresiones, con 172, de las cuales 21 fueron físicas.
Durante el desarrollo del Plan Verano, se ha producido una leve disminución del número de casos, “tendencia que esperamos se mantenga hasta el final de año”, ha afirmado. De hecho, en junio se contabilizaron 142 agresiones, un 1,4 por ciento menos que en 2022; en julio 134, un 5,2 por ciento más que el año anterior; y en agosto 106, un 8,49 por ciento menos que en 2022.
“Ni la violencia ni la agresividad pueden ser nunca la solución a un conflicto o a un problema personal. Es un tremendo error la canalización de la frustración hacia un profesional de la salud a través de una agresión física o una agresión verbal”, ha añadido la consejera.
Medidas adoptadas
Catalina García, igualmente, ha hecho una relación de las medidas adoptadas tras la última mesa de trabajo en la que se pusieron en marcha tres importantes acciones. La primera ha sido el reconocimiento del personal sanitario y de gestión y servicios como autoridad pública, recogido en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía. A través de esta figura, los profesionales cuentan con la adecuada asistencia jurídica y protección que resulte preceptiva en los procedimientos que se sigan ante cualquier órgano jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.
La segunda medida se basa en el establecimiento de un régimen sancionador administrativo interno del Servicio Andaluz de Salud, con independencia de la vía judicial. Se trata, tal y como ha explicado, de disponer de un instrumento de garantía más, de modo que cualquier agresión, física o verbal que se produzca dentro del sistema sanitario, pueda ser sancionada económicamente, aparte de la denuncia que cada profesional de forma individual deba realizar. Sobre esta medida, ha puntualizado, al necesitar ser establecida con rango de Ley, se está estudiando el procedimiento más rápido y garantista para su definitiva aprobación.
Por último, la creación y puesta en marcha del Observatorio Andaluz de Agresiones a Profesionales Sanitarios, que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con la convocatoria de la nueva sesión de la mesa contra la agresión. “Este observatorio es un mecanismo de gran utilidad para disponer de la opinión y la experiencia de personas externas, expertas en situaciones de violencia y agresión, donde están representados los colegios profesionales, sindicatos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros”.
Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones
Por otro lado, la titular de Salud y Consumo ha manifestado que la mayor parte de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería se enmarcan en el desarrollo del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, en vigor desde 2020, que cuenta con un catálogo de acciones que ponen el punto de mira en la seguridad y la protección del personal sanitario, tanto desde el punto de vista preventivo como asistencial.
El Plan también habilita canales ágiles y rápidos, de modo que la persona que sufre cualquier tipo de agresión no se encuentre en ningún momento sola después de una agresión. Por ello, se facilita atención psicológica al profesional agredido durante el tiempo que sea necesario.
Con una intención preventiva y disuasoria, ha indicado Catalina García, el Plan también ha venido a “reforzar las medidas de seguridad en los centros de salud, consultorios y centros hospitalarios, así como en el desarrollo de la actividad de sus profesionales”.
Igualmente, ha sostenido que el Plan viene a mejorar la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas. “Es fundamental que el profesional agredido disponga de los canales adecuados en el caso de querer ejercer una denuncia. Para ello se contempla la asesoría jurídica durante todo el proceso”.
