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Abogado López Rodó & Cruz Ferrer | lunes, 09 de julio de 2018 h |

Si algo ha caracterizado la gestión de Carmen Montón al frente de la Sanidad valenciana ha sido la firmeza con la que ha procedido a la reversión de la concesión de la asistencia sanitaria de la población de La Ribera-Alzira, el pasado 1 de abril, al finalizar el plazo previsto en el contrato.

Esta importante decisión, quizás poco explicada, ha abierto un nuevo capítulo en la trayectoria de esta peculiar modalidad de colaboración público-privada en el sector sanitario. Y, como ha sucedido en ocasiones anteriores, el evento ha estado rodeado por una situación que genera perplejidad.

Mientras Ribera Salud, la compañía concesionaria de Alzira participada por la norteamericana Centene, se ha opuesto por todos los medios legales y mediáticos a que se produjera la reversión; en el Departamento de Salud de La Marina-Denia, la concesionaria participada mayoritariamente por la alemana DKV parece no oponerse a que la reversión se adelante al plazo de vencimiento del contrato en 2024. De hecho, en este departamento es donde se han manifestado con mayor claridad las disfunciones del modelo concesional, hasta el punto de que las entidades locales de la zona se han manifestado a favor de adelantar la reversión. Por su parte, Sanitas gestiona estoicamente la concesión de Manises, que ha generado una deuda cercana a los ochenta millones de euros y acredita el desequilibrio financiero de la concesión…

Si de Valencia pasamos a Madrid (las únicas Autonomías que experimentan con esta fórmula de gestión), los problemas médicos, económicos y legales siguen estallando. Durante las últimas semanas, el Grupo Quirón (vendido por el Grupo IDC-Capio a la alemana Fresenius con significativas plusvalías) publicaba la interposición de una demanda judicial de 40 millones de euros contra la Comunidad de Madrid por un presunto incumplimiento del contrato de concesión del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, al considerar que presta servicios que no estaban incluidos en el contrato.

Como puede comprobarse, la fórmula de las concesiones sanitarias de servicios genera una inseguridad jurídica nada deseable en un servicio esencial como la sanidad. Ante las evidentes y graves dificultades que plantea la sostenibilidad de un modelo de servicio público, con altas dosis de satisfacción para los ciudadanos y con notables ventajas frente a los modelos de otros países, es importante mantener un debate sereno sobre esta cuestión en la que sobran prejuicios e ideologías y hacen falta datos y argumentos.

Por apuntar algunas líneas de reflexión, resulta evidente que en España existe una larga tradición de colaboración público-privada para la gestión de los servicios de salud. Como regla general, esta colaboración se ha formalizado mediante “conciertos”, que constituyen la fórmula de colaboración regulada por la Ley General de Sanidad de 1986. Por el contrario, las “concesiones” carecen de experiencias nacionales o extranjeras que ofrezcan soluciones acreditadas para resolver los problemas; y, además, se salen del marco legal ordinario para “engancharse” a Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión (quizás habría que decir de experimentación) del Sistema Nacional de Salud…

Una cuestión significativa es que en los contratos de concesión prima el elemento subjetivo por lo que se le denomina “modelo capitativo”, al asegurarse un pago al concesionario por cada persona a la que asegura la asistencia sanitaria. Esta característica esencial, puesta de relieve en los Informes AFEM-LR&CF que no han sido rebatidos, sitúa las concesiones de servicios sanitarios en el ámbito de los contratos de seguro y no de gestión de servicios, lo cual desquicia los efectos jurídicos de un objeto contractual ajeno a la arquitectura institucional de nuestro sistema de salud.

Frente a esta primacía de la perspectiva subjetiva de los contratos de concesión, las investigaciones más sólidas buscan el logro de una mayor eficiencia en el ámbito objetivo de las prestaciones y de la mejora de la salud para los pacientes. Como se ve, nada tiene que ver este eje con el que centra las concesiones del modelo capitativo.

La llegada de Carmen Montón al Ministerio de Sanidad podría facilitar que se aclare la regulación de este sistema de colaboración público- privada, que ha alcanzado una envergadura significativa a pesar de apoyarse en un modelo regulatorio de arenas movedizas.