Por Ricardo Campos, médico y ex secretario general de Sanidad.
Los tribunales de justicia están comenzando a fallar a favor de los médicos que utilizaron la vía judicial, a través del sindicato CESM, para reclamar una indemnización por haber sido forzados a trabajar durante la pandemia de COVID-19 sin contar con los elementos de protección adecuados y necesarios para enfrentarse al desdichadamente conocido coronavirus SARS-CoV-2.
Han comenzado algunos tribunales de justicia de la Comunitat Valenciana, pero no será extraño que estas reclamaciones se extiendan a otras comunidades autónomas del Estado Español, ya que esa desprotección durante el Estado de Alarma, que comenzó en marzo de 2020, se prolongó durante los primeros meses del mismo.
Ahora bien, aunque con posterioridad se ha demostrado que había equipos de protección individual guardados bajo llave en algunos centros sanitarios, esto no deja de ser algo anecdótico, ya que los stocks de todo tipo de elementos de protección (guantes, mascarillas, EPIs, etc.) eran claramente insuficientes porque nadie pudo prever con la suficiente antelación lo que se nos venía encima, no sólo en la Comunitat Valenciana sino en el mundo entero.
Por ello no puedo estar de acuerdo con las acusaciones que he leído acerca de que la Consellería de Sanitat Universal y Salut Pública tuvo una actuación negligente. Un stock de la envergadura necesaria para hacer frente a esta hecatombe de origen poco claro, y de consecuencias imprevisibles, no se consigue de la noche a la mañana. Hace falta movilizar muchos recursos de todo tipo, de una manera urgente, y recurriendo a procedimientos administrativos extraordinarios para conseguir ingentes cantidades de dichos materiales de protección, sobre todo cuando el tejido industrial autóctono no se dedica a ese tipo de productos. De todo el mundo es conocido, que se tuvo que importar mayoritariamente de la gran factoría mundial actual que es China, en unas condiciones de dura competencia con el resto de países de nuestro entorno necesitados de lo mismo.
Pero sin estar de acuerdo, como he dicho anteriormente, en calificar de negligente a la Administración Sanitaria, si que estoy de acuerdo, aunque haya sido por la vía judicial, que se reconozca al colectivo reclamante una indemnización por su trabajo en condiciones de absoluta desprotección y que trajo consigo innumerables bajas, incluyendo defunciones, por el contagio masivo de COVID-19 entre el personal sanitario. El comportamiento de los y las profesionales de la sanidad ha sido ejemplar y heroico, y merece un reconocimiento mucho mayor que los aplausos, que por supuesto se agradecen, que la sociedad nos dedicaba desde los balcones durante el confinamiento.
La Administración no debería recurrir estas sentencias que no hacen más que reconocer una merecida indemnización
En situaciones de guerra, y esta pandemia por analogía lo es todavía, nadie se extraña que a los caídos se les condecore y se les indemnice, en caso de sobrevivir, o a sus familias en caso de fallecer. Es de esta forma como quiero entender, pues, las sentencias de los tribunales; no como un castigo a la Administración, sino como un merecido reconocimiento a los que, dentro del colectivo que hemos atendido durante toda la pandemia las necesidades sanitarias de la población, han estado más expuestos a contagiarse por este implacable coronavirus que, como he dicho anteriormente, a algunos les ha costado la vida.
Es por ello que entiendo que la Administración no debería recurrir estas sentencias que no hacen más que reconocer una merecida indemnización a unos trabajadores y trabajadoras que, pese a no contar con las medidas de protección adecuadas que la empresa no pudo suministrarles durante un tiempo, se enfrentaron a pecho descubierto, de forma heroica, contra un enemigo desconocido y que, con el tiempo, se ha mostrado implacable.
