La ministra de sanidad, Mónica García, ha propuesto la incompatibilidad entre la práctica médica pública y privada y ha encendido un debate necesario. Pero no se puede generalizar la manera en la que los y las profesionales médicas trabajan en la sanidad pública y, en el resto de la jornada, en la privada.

Desde mi perspectiva, prohibir que un médico trabaje en ambos sectores es un error que no solo perjudica a los profesionales, sino también al sistema de salud en su conjunto. En lugar de imponer restricciones, deberíamos fomentar la colaboración y asegurar que, si existen abusos, sean identificados y corregidos, sin caer en medidas drásticas que penalicen a la mayoría.

El valor del esfuerzo adicional

Es un hecho bien conocido que la sanidad pública, pese a su indudable importancia y prestigio, suele ofrecer condiciones salariales menos competitivas que el sector privado. Esto lo saben bien los funcionarios en general. Esta situación coloca a muchos médicos en una situación difícil: elegir entre la estabilidad y el compromiso social del sistema público o las mejores remuneraciones del sector privado. Sin embargo, ¿por qué elegir cuando pueden coexistir?

Trabajar en ambos sectores no solo es una forma de mejorar la calidad de vida de los profesionales, sino también una manera de maximizar su potencial y aportar valor a la sociedad desde diferentes ámbitos, siendo más productivos por decisión propia. Pero hacerlo exige un esfuerzo extra, legítimo y que es ético que sea recompensado.

La compatibilidad permite que un médico amplíe sus habilidades, se mantenga actualizado con técnicas avanzadas y, lo que es más importante, obtenga una remuneración acorde a sus esfuerzos adicionales. Esto no es únicamente una cuestión de justicia laboral, sino también de sentido común.

No generalicemos: los abusos son la excepción

Es cierto que, en algunos casos, la posibilidad de compaginar ambos sectores da lugar a abusos. Existen ejemplos de médicos que priorizan sus consultas privadas en detrimento de sus responsabilidades públicas. Pero estos casos, aunque preocupantes, no representan a la mayoría de los profesionales. Penalizar a todo el colectivo por las acciones de unos pocos no solo es injusto, sino también contraproducente.

La solución no está en prohibir, sino en regular. Las autoridades sanitarias podrían implementar sistemas de supervisión que aseguren el cumplimiento de las responsabilidades laborales en ambos sectores, promoviendo la transparencia y la ética profesional. Esto garantizaría que los médicos puedan seguir aportando al sistema público sin renunciar a oportunidades adicionales en el privado. Alguna de estas medidas puede ser consensuada con los sindicatos profesionales, más interesados que nadie en que las cosas se hagan bien.

Una oportunidad para la colaboración

Prohibir la compatibilidad también ignora un punto crucial: la colaboración entre la sanidad pública y privada es clave para afrontar los retos actuales del sistema sanitario. Compartir recursos, incluyendo el capital humano, permite optimizar la atención al paciente y reducir la sobrecarga en ambos sectores. Durante la pandemia de COVID-19, vimos cómo esta colaboración fue esencial para salvar vidas. Limitarla ahora sería un retroceso.

El reconocimiento del sacrificio

Ser médico o médica en España implica sacrificio, dedicación y una constante búsqueda de excelencia con una retribución por debajo de sus colegas europeos. Si un profesional decide trabajar más horas para obtener ingresos adicionales, siempre que esto no comprometa su desempeño ni la calidad de la atención, ¿cómo podríamos criticarlo?

Prohibir este esfuerzo no solo desmotiva a los profesionales, sino que también envía un mensaje erróneo sobre el valor del trabajo y la dedicación. La sanidad pública y privada deben ser vistas como aliados, no como rivales. Los médicos, como pieza clave de este engranaje, tienen el derecho a ejercer en ambos ámbitos, si así lo desean, y pueden hacerlo éticamente. Identificar y sancionar los abusos es fundamental, pero prohibir de forma generalizada no es la respuesta.

En lugar de limitar a los profesionales, construyamos un sistema que valore su esfuerzo, fomente la colaboración y reconozca que trabajar más también merece ser justamente recompensado. Así, lograremos una sanidad más justa, eficiente y, sobre todo, humana.

Cuando en la protesta en contra de la incompatibilidad anunciada se une toda la profesión, es preciso pensar que algo se debe corregir. Desde los estudiantes hasta los sindicatos profesionales han reaccionado en contra de dicha incompatibilidad. En noviembre pasado el sindicato CESM vaticinó renuncias de jefes de servicio si se seguía adelante.

Esto es un signo de que debe haber otra forma de abordar los problemas puntuales que pueden provocar que una jefa de servicio, por ejemplo, compatibilice el ejercicio de la medicina en el ámbito público y en el privado.