Invertir en sanidad es una decisión de país, de indudable responsabilidad política y de visión a largo plazo, que sobrepasa una legislatura. La productividad de la sociedad y la equidad de los territorios está en juego.
Productividad
La sanidad en España necesita un cambio de rumbo y necesitamos estar preparados para invertir lo suficiente. Por eso hablar de financiación, de manera general, es crucial para la sanidad, que ocupa sólo en las CC.AA. cada vez más del 40% del total del presupuesto autonómico.
“El informe del Consejo Económico y Social (CES) incorpora la productividad como un elemento esencial de equidad territorial“
Como muchos expertos aseguran, la sanidad no es un gasto, sino una inversión que mejora la productividad de la sociedad. El informe del Consejo Económico y Social (CES) incorpora la productividad como un elemento esencial de equidad territorial.
La sanidad en España está en el centro de un debate necesario y urgente. Las listas de espera, las barreras en la accesibilidad y las desigualdades son problemas que, lejos de resolverse, parecen haberse agravado en los últimos años. El reciente informe sobre Sistema Nacional de Salud (SNS) del CES expone estas carencias estructurales, las cuales no solo afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también representan un lastre para la productividad y el desarrollo económico del país.
Inversión
El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, ha sido claro en una comparecencia en el Congreso de los diputados: mejorar la inversión en salud es esencial no solo para el bienestar de la población, sino también para la competitividad económica de España. Pero la realidad muestra un panorama preocupante. La inversión pública en sanidad en España se sitúa en torno al 6.5% del PIB según datos de la OCDE de 2021, por debajo de la media europea del 7.7% y lejos de países como Francia y Alemania, que dedican más del 9% a sus sistemas públicos de salud. España es la cuarta economía de la zona UE, y no se sitúa ni en la media de la inversión en sanidad de los 27 Estados miembros.
Consecuencias
Este déficit de inversión tiene consecuencias claras. Las desigualdades en el acceso a la salud se manifiestan en forma de listas de espera y en la variabilidad de la calidad de los servicios, dependiendo de la región y del tipo de patología. Además, estas desigualdades generan un impacto directo en la economía: una población que no goza de buena salud es menos productiva y, en consecuencia, menos competitiva. De persistir esta situación, España corre el riesgo de avanzar a dos velocidades, dejando atrás a aquellos colectivos y regiones que no pueden acceder al mismo nivel de atención que otros.
Es necesario cuestionar por qué España, un país con una larga tradición de sistema de salud público y universal, sigue rezagada en inversión sanitaria en comparación con sus vecinos europeos. La sanidad pública debería ser una prioridad presupuestaria, ya que, como señalan varios expertos, una inversión adecuada en salud no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también es un motor de desarrollo económico sostenible a largo plazo.
En este contexto, también debemos reflexionar sobre el papel de la sanidad privada en España, que cubre aproximadamente el 28% del gasto total sanitario. Esto incluye seguros privados y gastos directos que los ciudadanos asumen.
La coexistencia de un sistema mixto no es problemática en sí misma, pero cuando la sanidad privada se convierte en la única vía para acceder a tratamientos sin esperas interminables, la equidad en el sistema de salud se ve comprometida.
Un ejemplo ilustrativo es el caso de Muface, mutualidad de las administraciones públicas y cubre a 1.5 millones de funcionarios. Este grupo puede elegir entre atención pública y privada, pero si todos sus mutualistas fueran desviados al sistema público, la presión sobre el SNS aumentaría de manera repentina y tenría un coste de 1.200 millones de euros al sistema público. Esta situación pone en evidencia la fragilidad y falta de preparación de un sistema que no cuenta con los recursos necesarios para absorber estas demandas.
Una decisión de Estado
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es si estamos dispuestos a invertir lo suficiente para garantizar un sistema de salud público y universal de calidad, capaz de eliminar desigualdades y ser motor de desarrollo. No se trata solamente de inyectar más dinero, sino de utilizar los recursos de manera eficiente y transparente, priorizando la atención y el bienestar de los ciudadanos por encima de intereses políticos y económicos.
España no puede permitirse seguir relegando la inversión en sanidad a un segundo plano. Hacerlo pone en riesgo no solo la salud de los ciudadanos, sino también el futuro económico del país. Es hora de actuar con decisión y coraje para priorizar lo que realmente importa: una sanidad pública sólida y accesible para todos.
Todo lo que no se haga ahora repercutirá en una peor salud de los ciudadanos y ciudadanas y afectará al desarrollo económico y social del país. ¿Seguiremos mirando hacia otro lado o tomaremos las riendas para construir un sistema sanitario justo y sostenible? La decisión es nuestra, y el tiempo para actuar es ahora.