La historia de los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) forma ya parte del ejemplo de cómo la burocracia impide que la prescripción de calidad predomine en nuestro país. Sería injusto generalizar, pero todos sabemos que un documento elaborado en España, como es el IPT, prevalece sobre las guías terapéuticas nacionales e internacionales.
“No es posible actualizar los IPT de manera permanente, pero el evaluador debe conocer lo que afirman las sociedades científicas y su evidencia”
Esto pasa con relativa frecuencia y tiene que ver con el sistema de revisión de aprobaciones y fichas técnicas que se organiza a distintos niveles en España. Recientemente, en una indicación en cáncer desde el ministerio indicaba la persona que evaluaba que el IPT (informe de posicionamiento terapéutico) no mencionaba que las guías terapéuticas de las sociedades de oncología médica (ESMO en Europa y SEOM en España) incluían ese medicamento en una indicación determinada. Eso implicaba que no se iba a considerar lo que explicaban las guias (la realidad y la evidencia científica) al realizar el informe para la evaluación de precio y financiación.
La evidencia científica primero
Pero el problema era que el IPT de dicho medicamento era anterior a las guías que sí incluían el mismo en revisión de precio y financiación en España. De nuevo, el proceso de precio y financiación en España enlentece la adaptación de las guías terapéuticas diseñadas en torno a la evidencia científica. Esto quiere decir que la burocracia prevalece sobre la evidencia científica. No es tanto un problema de actualizar los IPT de manera permanente, sino de que los evaluadores hagan bien su trabajo, y conozcan las guias terapéuticas y lo que han estudiado las sociedades cientificas en función de la evidencia.
España, por detrás de la evidencia
Que España siempre se sitúe por detrás de la evidencia es también consecuencia de la limitación, en ocasiones, a la participación en dichos IPT de los expertos y expertas. La supuesta incompatibilidad hace que los investigadores clínicos que han estudiado un fármaco sean vetados para dicho IPT.
La situación es absurda porque se confunde transparencia con incompatibilidad. Si quieres transparencia sólo deben indicar los conflictos de interés, pero trabajar con un medicamento te da experiencia que es muy útil para evaluar y opinar en el IPT correspondiente.
La peor anticoagulación de Europa
El caso de los ACOD es, si cabe, más incomprensible. Las principales sociedades científicas de especializada y primaria, junto a distintas organizaciones de pacientes, reclaman que España deje de ser una isla en el uso de los eficaces ACOD.
Neurólogos, internistas, urgenciólogos, especialistas en trombosis, cardiólogos y pacientes claman por que España facilite el uso de los ACOD, ahora limitado por visados. Y lo que piden es que se ajuste a la evidencia y a las recomendaciones internacionales. Y hay razones de especial peso, como la urgencia, la inequidad producida y los beneficios para el paciente que se están perdiendo.
Urgencia con los anticoagulados
España se sitúa a la cola del uso de los ACOD, siendo éstos uno de los medicamentos esenciales de la lista de la OMS. Pero en España algunos no se dan por aludidos. La evidencia de la eficacia y seguridad de los ACOD vs los antivitamina K (como Sintrom) es la disminución del riesgo de ictus del 50% que proporciona en pacientes con fibrilación auricular (FA) y en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. España apenas supera el 50% de uso del total de anticoagulantes orales, mientras que la media en Europa es del 80%.
“usar en España los ACOD como en Europa evitaría más de 2.000 ictus y 3.500 hemorragias mayores cada año”
Evitar más de 2.000 ictus al año
Durante años la administración ha ignorado la evidencia. La burocracia ha servido de barrera para limitar un mayor uso de los ACOD y España ha perdido sus beneficios. Más personas con ictus son los efectos colaterales de esta ignorancia crónica en que se ha sumido España. Y se le ha puesto cifra: usar en España los ACOD como en Europa evitaría más de 2.000 ictus y 3.500 hemorragias mayores cada año.
En el plano económico, una correcta anticoagulación en nuestro país ahorraría 167 millones de euros al año en España, según los estudios.
Algunas personas han decidido pagar de sus bolsillos los ACOD, lo que provoca una inequidad entre españoles que sí pueden pagar y los que no pueden permitirse estos tratamientos.
“La pregunta es si debemos esperar a que la patente se pierda tras 10 años para que la innovación llegue a todos los pacientes”
Estamos a las puertas de que uno de los medicamentos de la clase de ACOD pierda la patente y aparezcan genéricos más baratos. Pero la evidencia científica es la misma ahora que hace años. La pregunta es si debemos esperar a que la patente se pierda tras 10 años para que la innovación llegue a todos los pacientes.
El hartazgo de las sociedades científicas y los pacientes en el uso libre de los ACOD, tras 10 años de limitaciones, convierte a España en la excepción al correcto uso de la innovación, de nuevo.
