Durante la pandemia de COVID-19, España demostró ser un ejemplo en Europa en términos de vacunación. Las cifras de cobertura vacunal poblacional frente a la COVID19 fueron contundentes. De hecho, España logró vacunar a un porcentaje superior y de forma rápida de su población en comparación con países como Alemania, Francia e Italia, mostrando una organización y rapidez que sorprendieron incluso a sus propios vecinos europeos.
Sin embargo, este éxito aún no se acompaña del aprendizaje oportuno y de la puesta en marcha de estructuras y planes de preparación ante futuras emergencias sanitarias. Las necesidades identificadas en plena pandemia contrastan con la tranquilidad con la que se están tomando medidas que son una prioridad desde hace años. Una de ellas es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, aprobada en consejo de ministros en enero de 2024, en breve hace más de un año. Además, los retos estructurales y presupuestarios amenazan con frenar nuestra capacidad para afrontar futuras crisis sanitarias.
Agencia Estatal
La Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), anunciada como una medida prioritaria tras los aprendizajes de la pandemia, sigue siendo un proyecto pendiente. La Agencia fue una prioridad aprobada en la subcomisión parlamentaria en el lejano 2021, y su implementación ha sufrido retrasos continuados. Mientras tanto, países como Alemania consolidan iniciativas como el ZEPAI (Centro para Vacunas Pandémicas y Terapéuticas), que no solo garantizan preparación ante emergencias, sino también una participación activa en iniciativas internacionales como la Autoridad de Respuesta y Emergencia Sanitaria (HERA) de la Unión Europea.
España, por su parte, carece de una institución similar que centralice la gestión de riesgos sanitarios y fortalezca la coordinación entre comunidades autónomas y el gobierno central. A esta falta de estructura de coordinación de salud pública nacional se suma un problema estructural: la baja inversión en prevención. Según datos recientes publicados por Gaceta Médica, España destina un porcentaje de su presupuesto sanitario a la prevención muy inferior al de otros países europeos de su entorno.
Entorno europeo
Esta situación impacta directamente en la capacidad del sistema sanitario para anticiparse a riesgos, reducir desigualdades territoriales y abordar el creciente peso de las enfermedades crónicas. Mientras que países como Francia y Alemania han reforzado sus sistemas públicos de salud con inversiones significativas, España parece estancada, con prioridades desplazadas o insuficientemente financiadas. Un ejemplo es la falta de personal sanitario, que se agravará en los próximos años.
El impacto de esta doble carencia es claro: sin una agencia nacional que lidere las estrategias de salud pública y sin una apuesta decidida por la prevención, España corre el riesgo de quedar rezagada en su capacidad para dar respuesta a nuevas amenazas sanitarias. Aunque desde el ministerio de sanidad se afirma que es una prioridad y se trabaja en avanzar, es preciso que el Congreso y Senado faciliten el debate y el avance legislativo.
Además, esta falta de visión de país no solo afecta a la preparación ante pandemias, sino también a la gestión de problemas sanitarios cotidianos que podrían resolverse o mitigarse mediante políticas preventivas bien estructuradas. El éxito de España en la vacunación contra la COVID-19 de 2021 fue un recordatorio de lo que el sistema sanitario español es capaz de lograr cuando existe una meta clara y una movilización efectiva de recursos. Sin embargo, este logro no puede ser un motivo para la complacencia, sino una razón más para exigir un compromiso político real con la salud pública.
Una visión de futuro
Es hora de que España recupere el liderazgo y la capacidad demostrado durante la pandemia. Para ello, la aprobación definitiva y puesta en marcha de la AESP debe convertirse en una prioridad inmediata. Al mismo tiempo, es imprescindible que se aumente la inversión en prevención hasta niveles comparables con los de otros países europeos. Solo así se podrá garantizar un sistema sanitario preparado no solo para reaccionar ante emergencias, sino para prevenirlas y proteger de manera sostenible la salud de su población.
Las recientes alarmas que provienen desde California nos recuerdan la realidad de un riesgo que permanece pero muta de forma constante. El primer caso grave en un humano por la actual gripe aviar H5N1 debería recordarnos la fragilidad de la sociedad moderna ante potenciales riesgos pandémicos.
El retraso en estas iniciativas en España no es solo un problema político o presupuestario; es un problema de visión y compromiso con el futuro de la salud en España. Y es una responsabilidad del poder legislativo, del ejecutivo y del autonómico.
El tiempo para actuar es ahora. Cada día que pasa sin que se materialicen estas reformas es una oportunidad perdida para construir un sistema sanitario más fuerte, equitativo y resiliente.
