Desde hace casi año y medio GACETA MÉDICA viene llamando la atención sobre las cuentas pendientes entre las empresas concesionarias del Grupo Ribera Salud y la Consellería de Sanidad.

Nuestros lectores ya saben que los informes de la Sindicatura de Comptes sobre las finanzas públicas de la comunidad en 2017 y 2018 han dedicado un espacio generoso para analizar las liquidaciones sin abonar.

Hasta 140 millones de euros en el aire

En 2017, las cuentas en varios ejercicios de los Hospitales de Alzira, Vinalopó y Denia dejaban en el aire más de 140 millones de euros a favor de la consellería valenciana en el momento en que se publicaba el trabajo.

En 2018, sin detallar las cantidades de cada ejercicio, la Sindicatura ponía el acento en 38 liquidaciones de 5 contratos de concesión. De todas ellas, el 70% (28 de los 38) están relacionados con Ribera Salud.

Los recursos ante los tribunales han formado parte del día a día en los acuerdos público-privados en la Comunidad Valenciana

Los recursos ante los tribunales y los acuerdos transaccionales han rebajado en muchas ocasiones las cantidades previstas inicialmente por los técnicos de la conselleria. Y es que las relaciones entre el sector privado y el público en la Comunidad Valenciana fueron en su día una referencia a nivel nacional, y ahora adolecen tanto de fluidez como de acuerdo.

La sindicatura mantiene un enfoque constructivo

En este contexto, desde GM creemos que es una magnífica noticia el anuncio por parte de la misma Sindicatura de Cuentas, una institución independiente, la elaboración de un informe monográfico sobre las liquidaciones en 2020.

Vicent Cucarella.

Conscientes de la dificultad de la tarea, el síndic mayor, Vicent Cucarella, asume en una entrevista que publicamos esta semana, el papel de la institución como una pieza clave para “esclarecer” esta compleja situación.

Con un enfoque constructivo y prudente, Cucarella entiende que el tema que nos ocupa cumple todos los requisitos para justificar un informe especial. Recuerda también que “el gasto en la función sanitaria representa la mayor partida asumida por las comunidades autónomas en servicios públicos fundamentales”.

Obvia decir que, por propia definición, la institución tiene muy claro que con el dinero de todos, no se ha de jugar.

La Sindicatura, que se ha ganado el respeto y la confianza de los valencianos, arrojará luz a finales de año sobre este asunto.

La Consellería de “Transparencia” que no informa

Por otro lado, la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, no parece ir en el mismo sentido. Su consejera, Rosa Pérez Garijo (que milita en Esquerra Unida, bajo las siglas de Unidas Podemos) prefieren mirar hacia otro lado. Esta consellería incumple su función principal y su compromiso con la sociedad valenciana: dotar de transparencia a la actividad del Govern de la c. valenciana.

Han pasado ya tres meses desde que el grupo editor de GM, Wecare-u, presentara ante el Portal de Transparencia de la Comunidad Valenciana, que depende de ésta, una solicitud telemática.

Dicha solicitud incluía acceder con fines periodísticos a dos documentos sobre estimaciones de deuda de estos hospitales y las liquidaciones de Alzira en tres ejercicios. La callada, junto al justificante del registro y el código correspondiente, ha sido la única respuesta.

Rosa Pérez, de Unidas Podemos.

Sin embargo, la Consellería de Participación y Transparencia prefiere mirar hacia otro lado y no dar respuestas

La RAE y el Consejo del Poder Judicial definen en su diccionario que “transparencia es la obligación de las administraciones públicas y entidades públicas y privadas, de dar a conocer los datos más relevantes de su actividad, así como de facilitar a las personas el acceso a la información pública contenida en documentos y archivos que aquellas custodian”.

Es hora de que la Consellería de Transparencia haga su trabajo y deje de ser cómplice de lo que sucede con un claro perjuicio de la sociedad valenciana a la que, supuestamente, defiende de abusos y opacidad.