El cierre de la XIV Legislatura ha llegado de manera adelantada y precipitada por el resultado de los resultados electorales del pasado 28-M. Al mismo tiempo, se ha dado ‘carpetazo’ a los principales proyectos normativos que se vislumbraban a modo de traca final para el primer Gobierno de coalición de la democracia española, aquel que aupó a Pedro Sánchez a Moncloa allá por finales de 2019.

Se produce así el cierre a cerca de cuatro años que en sanidad han vivido una etapa, cuanto menos, atípica. Lo urgente de la COVID-19 paralizó un Sistema Nacional de Salud volcado en frenar una pandemia que detuvo buena parte de la actividad asistencial, lo que también ha terminado por culminar en una actualización legislativa que se ha quedado lejos de lo deseado por el sector, ávido de transformación y respuestas a retos acuciantes.

Es el caso del Estatuto Marco de profesionales sanitarios, donde el Ministerio de Sanidad dejará en pausa las principales reclamaciones del colectivo. En el arranque de año, el departamento ansiaba continuar los trabajos con respecto a la norma básica que recoge todos los temas relacionados con los RR. HH, teniendo en cuenta que fue en julio del pasado año cuando arrancó este proceso. En aquel entonces, el cónclave de titulares del Gobierno dio luz verde al RD que recogía esta reforma del Estatuto Marco para hacer frente a la temporalidad.

Los profesionales han visto como la reforma del Estatuto Marco quedaba parada por el 23-J

Hasta la fecha, la dirección que Sanidad había tomado no convencía al Ámbito de Negociación, que hablaba de poca receptividad con respecto a las garantías que el espectro de profesionales esperaba ver recogidas. Ahora, será una ‘mochila’ que pertenecerá a los responsables que recojan el testigo tras el 23-J.

Entre los temas de alcance para el sector que se quedan en el cajón legislativo, repasados sobre estas páginas, se sitúa también la regulación de ‘equidad y cohesión del SNS’, una de las más conflictivas por el impacto de pleno en el sector privado de la salud. Desde que fuera aprobada en primera vuelta en el Congreso allá por septiembre, el período de enmiendas de la ley se ha dilatado casi indefinidamente. La dificultad de acuerdo entre los propios socios de investidura (UP y PDCaT-Junts), que demandaban cambios significativos (y antagónicos) con respecto a la Ley 15/1997, ha terminado por convertirse en la principal piedra en el camino.

El próximo Gobierno afrontará, por tanto, un gran desafío: actualizar la normativa sanitaria desde el consenso entre todas las partes, sensibilidades políticas y de la mano de los expertos que la reclaman para sí.