El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se enfrentan a un septiembre diferente y sumamente complejo. El “nuevo curso”, también en la esfera política y en el ámbito de la gestión sanitaria, viene marcado por una asignatura que resulta nueva para todos, la convivencia con la COVID-19.
Una vez finalizado el estado de alarma, el reto principal ha sido reactivar la actividad económica e instaurar una “nueva normalidad” también desde el punto de vista social en convivencia con un nuevo coronavirus que apenas ha dado tregua en estos meses.

La multiplicación de los rebrotes a lo largo del verano y la necesidad de controlar el aumento de los contagios, que al cierre de esta edición ronda ya los 10.000 diarios, aunque con un peso mayor de asintomáticos y pacientes más jóvenes, exigen mantener un marco impecable de diálogo y de colaboración entre el gobierno central y los regionales.

Sea cual sea la fórmula elegida para afrontar la situación, ya sea la vuelta al estado de alarma, que no descarta la Comunidad de Madrid, en caso de que resultara necesario, o nuevas fórmulas como la que propondrá el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, que aboga por la modificación de la normativa de Salud Pública con rango de ley orgánica, se ha de blindar el margen de maniobra para adoptar en cada caso las medidas necesarias, en función de criterios siempre técnicos y avalados por la ciencia.

El hecho de que medidas que puedan tener su impacto, como la prohibición de fumar en la calle, sean frenadas en los tribunales solo ponen palos a unas ruedas que en un momento como el actual han de rodar de forma ágil en aras de la prevención de nuevos contagios.

Declaración de salud pública

A pesar de los esfuerzos, es obvio pensar que no va a ser fácil controlar la situación antes del inicio del curso escolar, ya a la vuelta de la esquina. El último paso para intentar un regreso seguro a las aulas llega, además, con un margen mínimo, poco más de diez días antes del retorno presencial escalonado a los centros educativos.

Para reducir al máximo los riesgos, el Gobierno ha acordado este jueves con las comunidades una Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 durante el curso 2020-2021. En total, 29 medidas y 5 recomendaciones para su aplicación por las administraciones competentes. Muy pronto se verá si es suficiente. El método ensayo error sigue vigente.

Otro punto clave es el adelanto de la campaña de la vacunación de la gripe a la primera semana de octubre, que aspira esta vez a llegar al 75 por ciento de los profesionales sanitarios. Tiempo al tiempo.