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| viernes, 02 de marzo de 2018 h |

Sociedades científicas y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) coinciden en lo fundamental. La nueva ley orgánica en trámite parlamentario no debe interferir en la investigación biomédica. Las diferencias se encuentran en la forma. La agencia considera que la Ley de Investigación Biomédica y el Real Decreto sobre ensayos clínicos garantizan la utilización de datos médicos en la investigación. Las sociedades, con Facme a la cabeza, insisten en que la nueva norma debería redundar en este tema para evitar interpretaciones que puedan frenar a la postre proyectos de investigación.

Ante la insistencia de las sociedades científicas y la incertidumbre generada estos días, la AEPD se ha apresurado a publicar un informe en el que viene a repetir lo mismo que han dicho sus responsables este último mes. Es cierto que tanto la Ley de Investigación Biomédica y el real decreto de ensayos clínicos están bien desarrollados y que a priori garantizan la utilización de estos datos, pero en un tema tan trascendente como la investigación en biomedicina conviene no quedarse cortos. Son lógicas las reticencias y la insistencia de Facme que ya ha acudido a las principales fuerzas políticas para buscar una solución en forma de enmienda.

Ya de por sí, la investigación biomédica encuentra bastante problemas en su desarrollo, especialmente en su financiación. Si a los problemas económicos se suman ahora otros de carácter legal, las consecuencias pueden ser nefastas para nuestro sistema de ciencia y para los pacientes.

Existe otro motivo que hace necesario que la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos redunde en la utilización de los datos médicos en la investigación biomédica. Un mal planteamiento de ley podría provocar el freno de procesos que se encuentran en plena fase de implantación en España como son el big data aplicado a medicina y la estrategia de medicina de precisión.

Son temas de tal importancia que deberían llevar a los grupos políticos a replantearse el borrador de la normativa para asegurarse que la nueva ley orgánica garantiza la utilización de los datos médicos en procesos de I+D+i, sin que haya que solicitar al paciente su consentimiento cada vez que se inicie un trabajo en investigación.