La preocupación por disponer de los tratamientos innovadores que aprueba Europa ha aterrizado en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28M, impulsadas por Madrid, Aragón y Cantabria.
El acceso a los medicamentos en España, y los retrasos en las aprobaciones, es un problema que ha preocupado más al ministerio de sanidad y a las compañías innovadoras, que a las CC.AA., hasta ahora.
La primera vez que una comunidad autónoma reclamó cambios y denunció el retraso en la aprobación de medicamentos en España fue Madrid, como hizo Enrique Ruiz Escudero en septiembre de 2022. Apenas 6 meses después de sus propuestas para mejorar el acceso a la innovación en España y en plena campaña electoral, Cantabria y Aragón se suman a las propuestas para mejorar la disponibilidad de nuevos medicamentos en España.
Las CC.AA. participan en el proceso de aprobación de medicamentos en España a través de la Comisión interministerial de precios de los medicamentos (CIPM). Sin embargo, las CC.AA. han tenido hasta ahora una actitud “de perfil” en el retraso en la aprobación de medicamentos que sufre España. Por término medio, más de 500 días desde que la Agencia Europea (EMA) aprueba un medicamento hasta que está disponible en España.
Responsabilidad compartida
El proceso de aprobación y financiación de los medicamentos es responsabilidad del Gobierno central, y lo lidera la dirección general de Cartera Común y Farmacia del ministerio de sanidad. Sin embargo, las direcciones y responsables de farmacia autonómicos son parte activa del proceso, especialmente en las decisiones del CIPM.
Aragón ha solicitado un debate en boca de su presidente en funciones, Javier Lambán, y lanza su propuesta al ministerio y a las CC.AA. para abordar las insuficiencias del sistema sanitario. No sólo quiere abordar retos sanitarios en el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), sino que propone que se debata en la Conferencia de Presidentes, con el presidente del Gobierno.
Aragón y Cantabria se suman
En relación al acceso a la innovación, las peticiones de Aragón son muy concretas: solicitan la adopción de las recomendaciones del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS (CAPF). En este punto existe un acuerdo general con el sector y muchas de las recomendaciones de este comité son ampliamente aceptadas por las compañías.
Además, propone Aragón la creación de una agencia tipo NICE estatal de evaluación de las prestaciones sanitarias, algo que se ha reclamado por expertos y expertas de forma reiterada, y cuenta con apoyo de varios grupos parlamentarios.
Desde Cantabria, Raúl Pesquera, consejero de sanidad en funciones, afirma que la referencia en España deben ser 180 días de tiempo de aprobación, como indica Europa y que es preciso “agilizar la puesta en marcha de los medicamentos innovadores“. Pesquera asegura que este asunto lo ha trasladado varias veces a los responsables de Farmacia en las reuniones previas al Consejo Interterritorial.
No obstante, este asunto no ha llegado al pleno del CISNS, sino a las reuniones previas de los responsables de farmacia. Se queja el consejero de cantabria de que pacientes que llegan a un CSUR en el Hospital de Valdecilla en Santander, desde la dirección de farmacia autonómica correspondiente le pongan trabas para recibir la medicación innovadora.
Ahora, las sociedades científicas y los grupos de investigación ya han establecido posturas muy concretas en cuanto a cómo debe llegar la innovación a la práctica clínica. Parece que un debate constructivo sobre cómo afrontar los retrasos puede realizarse en el seno del CISNS. Es posible que otras CC.AA. se sumen para abordar un problema que requiere de una atención urgente del ministerio de sanidad y de las comunidades autónomas.
