El PSOE, a través de su portavoz en la Comisión de Sanidad, remitió al Ministerio de Sanidad dos preguntas sobre financiación sanitaria. La primera de ellas, que cuestiona la capacidad del Gobierno para asegurar un Sistema Sanitario de Calidad con una inversión del 5,57 por ciento sobre el Producto Interior Bruto, no ha tenido respuesta alguna por parte del equipo de Dolors Montserrat. “La falta absoluta de respuesta demuestra no solo que las previsiones del Gobierno no tienen ningún fundamento técnico sino la absoluta abulia y desinterés del Gobierno respecto a un problema que preocupa a la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía por el deterioro de la calidad y acceso a la sanidad”, asegura el diputado Jesús María Fernández.
Además, el socialista lamenta “desprecio a la función de control democrático” que significa la ausencia de respuesta a sus preocupaciones. “No es de recibo que ante un asunto tan importante como es la reducción del esfuerzo presupuestario en la sanidad previsto por el Gobierno, a pesar del crecimiento de ingresos fiscales (que es de recordar supera el 7 por ciento), el Gobierno no responda sobre cómo ha estimado dicho cálculo y qué efectos puede tener”, añade Fernández.
El diputado también solicitó información sobre el incremento de gasto previsto por el Ministerio de cara a 2020 para cumplir los acuerdos del ámbito de Negociación sobre recuperación de plantillas y salarios. “En relación con la información interesada, se señala que en el referido Ámbito de Negociación, órgano en el que se reúne el Ministerio de Sanidad con las organizaciones sindicales más representativas del sector, se han planteado diversos asuntos de debate, entre los que consta la recuperación de derechos y condiciones laborales recortados en el periodo 2010- 2015”, responde el Ministerio. La respuesta, sin embargo, no ha convencido a Fernández, quien critica que “es inédito que esquive la pregunta sobre cómo se va a financiar la OPE sanitaria que el Gobierno anuncia y está negociando porque es imposible así que ni las comunidades autónomas ni los representantes de las profesiones sanitarias puedan dar credibilidad a las propuestas del Gobierno en ese Ámbito de Negociación”.