Carlos B. Rodríguez Madrid | viernes, 30 de septiembre de 2016 h |

En pleno debate mundial sobre el precio de los medicamentos, y concretamente sobre los incrementos injustificados de algunos productos fuera de patente, Reino Unido ha tomado la delantera con una propuesta legal que pretende dar al ministro de Salud nuevos poderes y requerir “a cualquier persona involucrada en la fabricación, distribución de medicamentos” que facilite información sobre los costes de esos medicamentos o sobre los gastos de suministro. La iniciativa forma parte de un cambio mucho mayor que tiene su origen en la consulta que el Gobierno británico lanzó a finales de 2015 para modificar el esquema de pagos obligatorios que afecta a las compañías que no están adscritas al PPRS, el esquema voluntario de regulación de precios. No hubo sorpresas en este apartado. La solución escogida ha sido la que el Gobierno presentó inicialmente como su favorita: una aportación porcentual que sustituya al actual recorte de precios.

Tras las críticas recibidas por parte de la industria farmacéutica durante el proceso de consulta, el departamento de Salud se decantó por trasladar este cambio mediante la tramitación parlamentaria de una enmienda que modificará la Ley 2006 del Servicio Nacional de Salud (NHS). Según consta en la memoria económica que acompaña la enmienda, se trata con ello de dejar “fuera de toda duda” que el Gobierno podrá requerir a las compañías no adscritas al PPRS que realicen pagos obligatorios a fin de controlar el gasto farmacéutico. Además, tendrá poder para limitar los precios de los genéricos ante situaciones de fallos en los mecanismos de competencia del mercado, evitando así que las compañías “carguen al NHS precios excesivamente elevados”.

Los genéricos

En el caso de los medicamentos fuera de patente, Reino Unido siempre se ha mostrado partidario de la competencia como regulador del mercado. El Departamento de Salud reconoce que “generalmente ha funcionado bien”, aunque no siempre. Y si bien el gobierno británico tiene poder para controlar los precios de cualquier fármaco, no lo tiene cuando el fabricante forma parte del marco voluntario, el PPRS. En la práctica, esto significa que si una compañía tiene un portfolio mixto que incluye tanto fármacos de marca como genéricos y además está adscrita al PPRS, sus productos fuera de patente quedan libres de cualquier control gubernamental. Esta situación es aplicable actualmente a muchas de las compañías que están dentro del PPRS.


El gobierno británico tiene poder para controlar el precio de los fármacos, pero no en las compañías del PPRS


La reforma pretende cubrir esta laguna, permitiendo que el Gobierno actúe sobre todas las compañías, estén o no en el PPRS. Pero el requerimiento de información se ampliaría al resto de agentes de la cadena del medicamento. Hasta la fecha, el Departamento de Salud ha firmado acuerdos con el sector farmacéutico que le permiten recabar datos sobre ventas al NHS. Básicamente se trata de la información extraída de las farmacias que permiten hacer el seguimiento mensual del gasto farmacéutico. Pero el Gobierno considera que esta información es asimétrica y le impide llevar a cabo su papel de garante del funcionamiento del mercado.

La memoria de impacto económico utiliza el siguiente argumento para ir hacia una cesión de la información obligatoria y total: si el Gobierno no dispone de los datos adecuados en los que apoyarse para la toma de decisiones de reembolsos de los genéricos, la única opción que le queda es disponer de un esquema que le permita limitar sus precios. “La capacidad de obtener información sobre los costes, precios e ingresos de cualquier proveedor ayudará a identificar dónde se producen los problemas y permitirá elaborar políticas para afrontarlos”, continúa el documento.

¿Cuál será el coste de proveer esta información? No está claro, aunque la memoria da unos datos aproximados: 36.000 libras anuales en el caso de los fabricantes, y entre 16.000 y 17.000 libras anuales en el caso de los distribuidores. Nada en el caso de la farmacia, que ya envía información. El temor del sector es que el coste burocrático finalmente sea mucho mayor, un riesgo que el Ejecutivo no quiere obviar: el impacto de la enmienda será sometido a consulta pública en torno a la primavera o verano de 2017, después de que haya sido aprobado por el Parlamento, y de ella se podrán derivar nuevos cambios.

El pago porcentual

Lo mismo ocurre en el caso de la otra pata de la consulta, la relativa a la aportación de las compañías no adscritas al PPRS. Realizarán pagos de entre un 10 y un 17 por ciento, como proponía la opción favorita del Gobierno, si bien estos porcentajes también serán analizados en la futura consulta.

Las cifras remitidas al Parlamento arrojan un beneficio de 88 millones de libras anuales para el NHS y eliminan la brecha que se había abierto entre este sistema y el PPRS por el dispar funcionamiento de ambos mecanismos. El obligatorio funciona mediante un recorte lineal del 15 por ciento para los medicamentos lanzados hasta el 1 de diciembre de 2013. Los lanzados con posterioridad a esta fecha no producían ahorros al sistema. Pero el PPRS siempre funcionó con porcentajes sobre ventas si el gasto farmacéutico supera el techo establecido… La factura ha crecido en los últimos años y con ella las cuantías de las devoluciones voluntarias, motivo por el que muchas compañías han hecho un trasvase hacia el otro esquema: concretamente, desde que comenzó a aplicarse, un total de 157 millones de libras en ventas se han ‘salido’ del PPRS.


La propuesta convence a todos salvo a la industria, que teme que el cambio pueda mermar la estabilidad del mercado


La consulta de 2015 recabó un total de 51 respuestas representativas de la industria farmacéutica, los pacientes y del NHS. En términos generales convenció a todos menos a la industria, que teme que el cambio pueda mermar la estabilidad del mercado nacional y generar problemas de suministro. El Gobierno cree que no hay razón para ello: las pequeñas y medianas empresas que vendan menos de 5 millones de libras anuales estarán exentas de aportar, y para evitar males mayores los fármacos OTC tampoco se verán afectados por la nueva regulación. La principal preocupación del Gobierno es que para minimizar su impacto la industria pueda querer subir los precios. Para evitar esta posible pérdida de ahorros para el NHS, la previsión es establecer un catálogo de precios máximos.

ABPI responde

Si la enmienda a la Ley de 2006 del NHS se aprueba en los términos actuales, será Jeremy Hunt el primer secretario de Estado de Salud en requerir al sector una información que esté en el epicentro del debate mundial sobre los precios de los medicamentos. En la memoria económica que acompaña a la propuesta de modificación legislativa, este Departamento reconoce que no se puede fiar este objetivo al envío de información voluntaria por parte del sector.

La respuesta de la Asociación Británica de la Industria Farmacéutica (ABPI, por sus siglas en inglés) al resultado de la consulta sobre el cambio en el esquema de regulación de precios de los medicamentos en Reino Unido ha sido la misma que expresó durante el lanzamiento de la misma: recordar la contribución que el sector realiza para el sostenimiento de las cuentas públicas mediante un análisis de los pagos realizados durante los cinco años de funcionamiento del PPRS.

Los datos aportados por ABPI reflejan que las compañías que se sumaron al esquema voluntario de aportaciones han pagado 153 millones de libras en el segundo cuatrimestre de 2016, con lo que la cifra global asciende ya a 1.451 millones de libras en cinco años. Las últimas aportaciones coinciden además, según la patronal, con un incremento mínimo del gasto farmacéutico en los medicamentos de marca que cubre este esquema: un 0,75 por ciento en los últimos nueve meses.

Según la industria innovadora británica, este incremento viene motivado entre otros factores por los descuentos directos que las compañías realizan al NHS y el efecto de las importaciones paralelas al Reino Unido y muestra que el gasto en medicamentos bajo el PPRS es más bajo que el anticipado cuando el esquema comenzó a aplicarse. Como tal, es un mensaje importante de cara al cambio que pretende implementar el Gobierno, pues entre sus argumentos se encuentra el mensaje implícito de que las aportaciones por este esquema son sensiblemente inferiores a las que consigue el sistema de pagos obligatorios.

Pese a todo, ABPI sigue resaltando la importancia del PPRS para mantener el gasto farmacéutico en niveles asequibles para el NHS. Muchas de sus aportaciones al nuevo modelo de precios volverán en la futura fase de consultas de 2017.