Casi todos los países a nivel mundial se enfrentan al problema de los crecientes costes sanitarios y tendrán que encontrar algún método para frenar el aumento del gasto. Conseguir una política farmacéutica completa, compleja y comprensiva es un desafío común del que no todos han conseguido salir igual de airosos. Geográficamente España tiene muy a mano dos de los ejemplos más interesantes que existen a nivel mundial: Francia e Inglaterra, como deja patente el libro Análisis y práctica de las políticas de precios y financiación de medicamentos. Se trata del tercer volumen de una serie firmada por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid Félix Lobo. Este experto tiene muy claro que, si de elegir entre estos dos espejos se tratara, España debería fijarse en el modelo inglés.
A lo largo de los años, Francia ha presentado una política farmacéutica “muy activa” que ha conseguido resultados en eficiencia y calidad, “pero no sin contradicciones y con niveles de gasto todavía comparativamente altos”. Parte de las limitaciones y problemas que presenta el modelo francés tienen que ver con cómo está organizado el sistema sanitario: su prestación farmacéutica reposa en la ligazón entre efectividad y copagos, y este vínculo hace recaer el coste de la selección sobre los pacientes; además, aunque su regulación de precios es muy estricta y detallada, también está marcada por una escasa transparencia y discrecionalidad administrativa.
Reino Unido parece haber alcanzado “la cuadratura del círculo” al compatibilizar varias asignaturas en conflicto
Nada que ver con el caso británico. El libro firmado por Lobo, que forma parte de un proyecto auspiciado por la Cátedra de Economía de los Medicamentos Universidad Carlos III de Madrid-Abbvie dedicado a estudiar la política económica de los medicamentos y la industria, cree que Reino Unido “parece haber alcanzado la cuadratura del círculo de la compatibilidad”: acceso, fomento de la innovación, calidad clínica de la prescripción, desarrollo industrial y de las exportaciones, transparencia y rendición de cuentas y equilibrio entre estabilidad y reforma.
Evaluación: el NICE español
Una de las grandes aportaciones británicas a la política sanitaria es la generalización y la obligatoriedad de la evaluación de tecnologías sanitarias y medicamentos y su realización por el NICE. Es lo primero que Lobo recomienda importar. “En España hace falta un NICE —dice— . Quizás en estos momentos en que no podemos aumentar el gasto público ni la burocracia la solución más sensata sería incardinar la evaluación en la propia Aemps, reforzándola con el personal técnico necesario”. No sería muy costoso, a su juicio, pues la Agencia ya dispone de lo más importante: la evaluación farmacológica y la evaluación clínica.
Pero dar este paso implicaría también algo que actualmente no existe en España: voluntad política firme en la Administración Central (a nivel autonómico ya hay quien, como Cataluña, es muy consciente de ello) para llevar a cabo la evaluación de manera organizada, sistemática y bien regulada. “En España actualmente hay una capacidad técnica notable —en la industria, en las universidades y en las administraciones— para hacer la evaluación económica de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Falta el liderazgo político del Ministerio de Sanidad”, continúa.
Según Félix Lobo, en España hace falta un NICE y voluntad política firme para llevar a cabo una evaluación sistemática
En este punto coincidieron también algunos de los expertos que la semana pasada participaron en la jornada Evaluación de eficiencia y Política Sanitaria, organizada con motivo de la presentación del libro. Carlos Campillo, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública; o Vicente Ortún, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, fueron algunos de los que señalaron esta carencia que hoy se alza como una de las barreras en la evaluación económica, que aísla cada vez más a España en el panorama internacional: Francia ha sido la última en dar el paso hacia una evaluación económica completa y sistemática, como ya hacían Portugal, Reino Unido, Suecia, Alemania o Italia, por citar algunos ejemplos. “Si ellos lo han podido hacer, ¿por qué no nosotros?”, pregunta Lobo.
Además de nuevos medios personales y organizativos, introducir la evaluación económica en la toma de decisiones tendría que verse reflejado claramente en el ordenamiento jurídico español. Hoy, la Ley de Garantías sólo la contempla como principio a seguir, algo que para los expertos es totalmente insuficiente. Lobo considera que sería necesaria una nueva regulación legal o una modificación de la Ley de Garantías, que seguramente exigiría a su vez un Real Decreto de desarrollo reglamentario.
Las carencias no minimizan los logros obtenidos. Los IPT son un paso adelante aunque no sean evaluación económica en sentido estricto. ¿Debería esa hipotética regulación hacer referencia también a una única evaluación en España? Lobo reconoce la inevitabilidad de las revaluaciones en un sistema tan descentralizado. Pero sí que apuesta por evitar las inequidades entre regiones, que en función de la evaluación garantizan o no el acceso de los pacientes.
Debate global
El último libro de Félix Lobo, sobre las políticas de precios y financiación, llega en un momento clave en el debate farmacéutico global. El trabajo, de hecho, comienza con la traducción de un artículo de revisión sobre los mercados de productos farmacéuticos que llega a una conclusión muy clara: “Un sistema que pague todos los tratamientos que los médicos consideren necesarios, al precio, cualquiera que sea, que fijen los innovadores es insostenible”.
Este debate ya ha dejado varias posibles soluciones. Una de ellas es ir hacia una regulación de los precios basada en el análisis de los costes más un beneficio razonable. Si bien Lobo cree que habría maneras de determinar “una cierta horquilla” de lo que podría ser este beneficio razonable, reconoce que la propuesta es “reduccionista” y que plantea “muchas limitaciones”. Tampoco confía en que Europa pueda armonizar en el corto plazo los criterios utilizados para la fijación de precios y reembolsos (incluida en el borrador sobre acceso de ENVI) dada la diversidad de países que componen actualmente la UE. Sí considera positivas, en cambio, las iniciativas que han comenzado a vincular a algunos estados, como las de España y Portugal o la de los países del Benelux.
A largo plazo, quizá esa armonización sería posible, como también lo sería una nueva directiva de Transparencia. Lobo es partidario de ella, aunque reconoce sus límites. Impulsar hoy esta normativa chocaría con las negociaciones bilaterales de los gobiernos con cada compañía farmacéutica. Es sin duda otro de los debates que aguardan en la política farmacéutica europea: “La confidencialidad permite a los estados conseguir precios más bajos, pero la transparencia debería ser una norma dentro del sector público”, dice.
