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Alberto Cornejo Madrid | martes, 26 de septiembre de 2017 h |

El Tribunal de Cuentas de Francia no deja “títere con cabeza” en su último análisis del modelo farmacéutico galo. En un informe publicado el 20 de septiembre que analiza el estado de las cuentas y financiación de la Seguridad Social gala, dicho Tribunal denuncia que en Francia “sobrarían” cerca de 10.400 oficinas de farmacia —lo que supone cerca de la mitad de una red formada por 21.400 establecimientos—, y sugiere acabar con el “monopolio de las farmacias” para mantener solo “el monopolio del farmacéutico”. Esta última premisa dejaría entrever una petición similar a la medida recién implantada en Italia, por la cual se ha liberalizado la propiedad a manos no profesionales pero se exige la presencia de un profesional al frente del establecimiento.

Por si fuera poco, este organismo denuncia que las farmacias comunitarias ganan en su conjunto más de 2.000 millones de euros anuales de forma “no reglamentada”, la cual, aún siendo legal, consideran que podría estar privando a las arcas públicas de ingresar esta misma cantidad. Tampoco el Gobierno se libra de las críticas, al que acusa de ser “demasiado protector” con el sector farmacéutico, así como “no hacer nada por frenar la situación”.

Respecto a lo que el Tribunal de Cuentas considera una red de farmacias “demasiado numerosa”, critica que el ratio existente en Francia (en torno a los 3.000 habitantes por farmacia) es insostenible. Incluso, en el propio informe se alude a España para recordar que solo este país mantiene en Europa un ratio menor. Por el contrario, a la par que propone reducir el mapa farmacéutico galo en casi un 50 por ciento, sugiere que se ayude económicamente a boticas “frágiles”, las cuales este tribunal sitúa en torno al 10 por ciento de la red. No obstante, cabe recordar que el mapa farmacéutico galo ya se ha reducido —principalmente por la crisis económica y consecuentes cierres— en torno a un -5,4 por ciento en la última década: 1.124 establecimientos menos entre 2005 y 2016 . Sin embargo, apunta que a este ritmo de merma de la red “se necesitarían cien años” para alcanzar la reducción que propone.

Respecto a la remuneración de las farmacias francesas, el Tribunal de Cuentas refleja que en 2016 el conjunto de la red facturó en torno a 5.700 millones de euros de forma “reglamentada” . Es decir, por la vía directa de las dispensaciones financiadas y otros abonos que fija el convenio económico. Sin embargo, denuncian que las boticas ingresaron en torno a otros 2.000 millones de euros adicionales de forma “no reglamentada”. Esta es la calificación que utiliza el Tribunal de Cuentas para catalogar aquellas prácticas comerciales de las farmacias —en todo caso legales— como serían los descuentos que recibe de la industria y distribución en la adquisición de medicamentos. El Tribunal incide en que se estaría privando a las arcas públicas de esta cantidad de dinero si, en vez de permitir a las farmacias obtener estos ahorros, se implantasen medidas cuyos beneficios fuesen directos para el Estado. ¿Un ejemplo? Negociar precios más bajos en los medicamentos financiados en vez de ‘permitir’ que sean las farmacias quienes tienen esa posibilidad para su beneficio particular. En especial, esta institución pone el foco en los excesivas ventajas comerciales que pueden obtener en el aprovisionamiento de genéricos, por los cuales las farmacias reciben además una compensación adicional (en torno a un euro) en su posterior dispensación.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas galo critica que pese a la erosión general del mercado farmacéutico, la facturación de las farmacias “venga mejorando en el periodo reciente”. Por ello, propone explorar nuevos modelos de distribución de los fármacos financiados que generan ahorros al Estado (aludiendo a las nuevas vías que abre el entorno hospitalario). Y, respecto a la distribución en el canal farmacia, insta a estudiar cambios en el modelo retributivo que “desconecten” la remuneración del número de medicamentos dispensados (margen). En este sentido, cabe recordar que recientemente, sindicatos farmacéuticos y Seguridad Social han firmado un nuevo concierto económico encaminado a desligar la dependencia exclusiva del margen comercial, apostando por la inclusión de una tasa adicional por acto de dispensación (rebajando paralelamente los márgenes) y abonando ciertas actuaciones profesionales: seguimiento farmacoterapéutico a mayores, revisión de medicación. El Estado invertirá en torno a 280 millones de euros adicionales en este nuevo modelo retributivo.

Indignación en la profesión

La respuesta de la profesión farmacéutica a este informe ha sido tan rápida como unánime y contraria a estos posicionamientos. Por ejemplo, la Orden Nacional de Farmacéuticos de Francia —equivalente al Consejo General español— ha manifestado que “la salud pública no se reduce a un enfoque contable”. Asimismo, critica que el Tribunal de Cuentas “cuestione todos los principios fundacionales de la ordenación de la farmacias francesa” y recuerda que todos esos principios que quiere tumbar (capital profesional, planificación, restricciones en la venta online de medicamentos, etc.) “son precisamente las que permiten el acceso del 97 por ciento de los franceses a una farmacia a menos de 15 minutos de casa, así como que Francia esté exenta de toda introducción de medicamentos falsificados en su territorio”. Por último, aunque reconocen que tendrían cabida “ciertos ajustes” en el modelo, recuerdan que el mismo “no ha sido cuestionado por las normas europeas”.

Más contundente ha sido la opinión del sindicato galo FSPF, en palabras de su presidente. “Ya estábamos acostumbrados a estas ocurrencias e insultos para con nuestra profesión del Tribunal de Cuentas en el pasado, pero estas propuestas no solo nos escandalizan sino que fijamos la mirada en el Ministerio de Salud para que defienda el acceso a la salud de los franceses, y el futuro de las farmacias”. Philippe Gaertner califica este informe como “un plan de destrucción masiva de farmacias”, con recomendaciones “totalmente desvinculadas de las necesidades de la población”. “Vayan a explicar sus intenciones a un paciente de edad avanzada que verá su farmacia de confianza cerrada, reagrupada o trasladada de su lugar de residencia”, ‘invita’ al propio Tribunal de Cuentas.

Mientras, USPO, el otro principal sindicato profesional —que en Francia ejercen representaciones propias de patronal— ha calificado el informe de “mediocre, excesivo, obsoleto” y realizado “contra la profesión”. En este sentido, considera que la reciente firma el pasado julio del nuevo convenio económico para el periodo 2018-2020 ha llegado “justo a tiempo”. Incluso, confirma que al ser conscientes de la inminente publicación de este informe y de las líneas que plantearía el mismo, se aceleró la firma. Asimismo, denuncia que “la apertura del capital que plantea el informe está fuera de contexto y no tiene incidencia en las cuentas de la Seguridad Social”.