El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que critica algunas de las actuaciones del Ministerio de Sanidad en el área farmacéutica. En concreto, el organismo ve ineficientes algunas de las actuaciones que se llevan a cabo dentro de la Comisión Interministerial de Precios, en el seguimiento del cumplimiento presupuestario y en el control sobre los acuerdos de techo de gasto firmados entre 2014 y 2015.
Según el Tribunal de Cuentas, en el apartado sobre el seguimiento de los objetivos establecidos en el programa presupuestario de estos dos ejercicios, “los indicadores no proporcionan información relevante sobre la consecución de los objetivos, ni orientan sobre la asignación de recursos y actividades relacionadas para poder cumplirlos”. El organismo añade que su la formulación realizada por el Ministerio “es muy general y no aporta información oportuna, significativa y fiable a los responsables de la gestión”.
Sobre la fórmula de actuación de la Comisión Interministerial de Precios el Tribunal de Cuentas también tiene críticas. Si bien asegura que está conformado por “titulados farmacéuticos con conocimiento en evaluación económica y amplia experiencia en el sector”, el organismo critica la falta de protocolo. “La evaluación se realiza de acuerdo a criterios establecidos, si bien estos han sido comunicados de manera informal al personal evaluador y no está recogidos en ningún manual de procedimiento”. Además, el tribunal propone que “debería considerarse la conveniencia de ampliar los estudios económicos mediante el examen y en su caso implementación de nuevas metodologías de análisis, así como reforzar el empleo de procedimientos escritos y comunes para todos los evaluadores”.
Por último, el organismo también pone en tela de juicio la fiscalización por parte del ministerio de los acuerdos de techos de gasto firmados entre 2014 y 2015. Señala el tribunal que algunas de estas resoluciones (que en total son de 1.197 millones de euros) “han determinado obligaciones adicionales a los laboratorios que escapan a las posibilidades de inspección y examen por parte del Ministerio”. “Todo ello, hace difícil la comprobación del límite fijado y sus retornos al SNS”, finaliza.
