En una época en la que España camina por un nuevo paradigma sociosanitario marcado por el envejecimiento, la dependencia y la cronicidad, y en el que la atribución de nuevas funciones asistenciales a las farmacias choca con la oposición pública de las instituciones representativas de colectivos como Enfermería, desde el Ministerio de Sanidad se ataja cualquier atisbo de recelos. La directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, recuerda que “se trata de trabajar juntos para mejorar los resultados en salud”.
Con motivo de su participación en el acto de inauguración del 21 Congreso Nacional Farmacéutico que se ha celebrado del 3 al 5 de octubre en Burgos, la representante ministerial instó a “potenciar la colaboración entre los profesionales sanitarios”. Todo ello partiendo de la creencia de que “la farmacia comunitaria es imprescindible en el ámbito asistencial ambulatorio”, ha recalcado Lacruz. Lo que no sea así, y haciendo un guiño a la Burgos y su historia, son mentalidades más propias de Atapuerca.
Junto a la participación de la citada Lacruz, otras autoridades presentes en este congreso fueron, por ejemplo, Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, y Francisco Javier Lacalle, alcalde de la ciudad anfitriona de esta edición. El presidente regional centró su discurso en alabar el “exitoso” modelo farmacéutico español y la “constante adaptación” de las oficinas de farmacia a las necesidades de la población.
Para Juan Vicente Herrera, resulta especialmente reseñable la accesibilidad que asegura la red de farmacias en una región como Castilla y León “con una población altamente dispersa y eminentemente mayor”.
Más medidas para las VEC
No obstante, el presidente de la Junta castellanoleonesa asegura ser consciente de que dicha accesibilidad “genera asimismo inconvenientes en determinadas zonas por su irrentabilidad”, en alusión al 15 por ciento de farmacias calificadas en esta región como VEC (Viabilidad Económica Comprometida).
Más allá de la actual aplicación de un índice corrector a su baja facturación pública —las mal denominadas, a juicio de este colectivo, ‘ayudas’ VEC—, Herrera reiteró su petición de un nuevo modelo de financiación autonómica que permitiese poner en marcha medidas adicionales “que contemplen las necesidades del sistema sanitario”.
Una de esas necesidades sería abordar la inviabilidad económica de muchas oficinas de farmacia —hasta un 15 por ciento de la red castellanoleonesa— por su mera localización en núcleos rurales de mínima población.
Por su parte, el presidente del Consejo General de COF, Jesús Aguilar, avanzó que tras este 21 Congreso Nacional Farmacéutico se presentará el ‘Plan 2020-2030’ para la farmacia española, un documento que marcará la estrategia para el avance asistencial de la profesión en la próxima década.
“Tiene que ser la suma de lo que todos queremos sobre la base de lo que ya hay, y siempre con el foco en el paciente”, indicó el presidente al respecto.