En realidad, lo que está diciendo el órgano fiscalizador en su informe sobre la gestión farmacéutica de 2014 y 2015 es que el RD de Precios no puede seguir en un cajón
| 2017-01-13T12:04:56+01:00 h |

Hace una semana, desde esta misma tribuna se especulaba sobre el porqué de la dificultad de consensuar una política farmacéutica en España. Siete días después, nuevas razones mantienen este debate en primer término. No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas, al igual que el Consejo Económico y Social, ponen los puntos sobre las íes a la política farmacéutica del Gobierno. Lo que ahora dice el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado va más allá de las críticas a las prácticas ejecutadas en los ejercicios 2014 y 2015 relativa a la prestación farmacéutica. En realidad, lo que está diciendo el Tribunal de Cuentas es que el Real Decreto de Precios y Financiación no puede seguir en un cajón.

Al tiempo que el informe del Tribunal de Cuentas se centra en la forma de los techos de gasto, un artículo publicado por tres economistas de California advierte de los problemas que subyacen en el fondo de esta herramienta. Y no pueden haber encontrado una manera más gráfica de hacerlo: planteando la hipótesis de qué ocurriría si los antirretrovirales y las estatinas hubieran entrado en los mercados con techos de gasto, dibujan un horizonte de ahorros seguros en el corto plazo pero con serios nubarrones en la innovación farmacéutica del futuro. Pan para hoy…

El artículo de estos tres economistas californianos coincide con la visión expuesta en el quinto volumen de la revista Economía de la Salud por cinco expertos en economía de la salud de reconocido prestigio. Los techos de gasto no parecen desde luego la peor de las opciones, aunque tampoco la mejor. Las miradas de los economistas parecen apuntar a los acuerdos de riesgo compartido, a una apuesta real por la evaluación económica y a los umbrales coste-efectividad.

Hasta ahora, los decisores españoles han trasladado las decisiones del NICE (basadas en umbrales) al contexto español, sin tener en cuenta su posible adecuación o no. No había más remedio que actuar así, porque España no disponía de umbral propio. Ya no cabe recurrir a este argumento, porque la cuantificación del umbral español fue uno de los grandes titulares que dejó la economía de la salud en 2016. Es hora de desterrar esta costumbre y todas las prácticas que desde años nutren los informes de los organismos consultores y fiscalizadores del sector público. España necesita su Real Decreto de Precios ya.