| viernes, 20 de septiembre de 2019 h |

No es la primera vez que una investidura fallida lleva a repetir unas elecciones generales en nuestro país. Pero eso hace más fácil de digerir el trago que ha supuesto la confirmación de que no hay candidato que suscite el consenso necesario para formar gobierno. Porque se trata de dos investiduras fallidas casi consecutivas, que llevan a los españoles a las urnas por cuarta vez en menos de cuatro años.

En junio de 2016, cuando los españoles tuvieron que visitar sus colegios electorales por segunda vez en el plazo de seis meses, la abstención se disparó hasta un 33,52 por ciento. Si habrá o no variación en esta cifra es una incógnita que sólo se desvelará el 10 de noviembre, aunque hoy muchas encuestas apuntan a un resultado muy similar en cuanto al tamaño de los bloques. Es decir, que es posible que el 11 de noviembre España se despierte como se acostó, como Sísifo en su eterno retorno.

Lo peor es que nadie se hace responsable de lo que claramente constituye un fracaso colectivo. Y las culpas las pagaremos todos… De hecho ya las estamos pagando, cuatro veces, para ser más exactos.

Se estima que el proceso electoral que se abre ahora costará a los españoles 140 millones de euros. Pero si echamos la vista atrás y sacamos la calculadora, desde los comicios de diciembre de 2015, las cuatro cifras electorales a las que nos ha abocado la incapacidad de los líderes políticos de llegar a acuerdos es escalofriante: 540 millones de euros… Una cantidad que no ha ido a partidas vitales, como Sanidad, Educación o Dependencia, en unos momentos críticos para las comunidades autónomas.

Al cierre de esta edición había corrido como la pólvora la guía para darse de baja de la propaganda electoral, y las peticiones ascendía a 112.000… El único gesto de responsabilidad que puede leerse en estos días. Aunque también puede interpretarse como hastío. Y ahí está el gran peligro.

Nadie se hace responsable de un fracaso que es colectivo. Y las culpas las pagaremos todos… Por cuarta vez.