De todos los puntos que se debatieron en el orden del día del Consejo Interterritorial, solo uno fue rechazado por las comunidades autónomas: el reglamento de organización y funcionamiento interno. Fue al comienzo del encuentro y todo apuntaba a que la ‘atropellada’ reunión iba a estar marcado por las reticencias de algunos de los protagonistas. Varios consejeros de comunidades socialistas explicaron que “el Ministerio de Sanidad pretendía con su propuesta invadir y recentralizar competencias autonómicas”, indicó José María Vergeles, consejero de Sanidad de Extremadura, al tiempo que matizó “cohesión no es recentralización”. Tanto Vergeles como las responsables de Valencia, Carmen Montón, y Cantabria, María Luisa Real, acusaron a Sanidad de querer contar con un voto de calidad para que todos los acuerdos adoptados puedan salir adelante, algo que “no respeta los estatutos de autonomía de las comunidades”, indicó Vergeles.
Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de Madrid, por su parte, se encargó de desmentirlo y aseguró que “el objetivo de la ministra es conseguir que los acuerdos sean vinculantes ”.
Ante este revuelo, el Ministerio decidió no someter a votación esta propuesta y se comprometió a que, en un plazo de 15 días, presentaría un nuevo texto que se analizará en la Comisión Técnica Delegada.
A pesar de que el primer Interterritorial de la legislatura y de las polémicas del orden del día, fue uno de los encuentros con mayor consenso.
El Cisns ha aprobado la elaboración de una Estrategia Nacional de ELA, así como la renovación de la de Salud Mental. Finalmente, el Plan Nacional frente a las resistencias antibióticas verá la cara este año, junto con el anteproyecto de Ley del Tabaco. También, se modificará el método de designación de representantes de las comunidades en la Comisión Interministerial de Precios.
En lo relativo a pacientes, se llevará a cabo un registro para contabilizar a los afectados por la talidomida, así como el manual de procedimientos del Registro de Enfermedades Raras.
Por otra parte, los consejeros y la ministra pusieron sobre la mesa la situación de la temporalidad de los contratos laborales, así como la coordinación de la OPE extraordinaria que se llevará a cabo por el Gobierno.
