La ola de frío que está atravesando la península también se ha hecho notar en los centros de salud, que se ven saturados por la afluencia de pacientes aquejados por los efectos de las bajas temperaturas y el déficit de personal, por lo que se están retrasando las citas, con demoras de hasta cinco días en las grandes ciudades y, en general, en los grandes núcleos de población.
En este marco, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reiterado la necesidad de aprobar una oferta de empleo urgente, después de que se haya constatado en la Conferencia de Presidentes las necesidades de personal.
Desde el sindicato subrayan que la epidemia de gripe continúa extendiéndose por todo el país y durante la segunda semana del mes de enero, los casos de gripe ascendieron de 174,5 a 220,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 26 por ciento más de incidencia que el año pasado, según una análisis de CSIF a partir de los datos del Ministerio de Sanidad.
Previsiblemente, la epidemia llegará a su pico máximo en febrero, de ahí la urgencia de reforzar las plantillas. “Hay que tener en cuenta que una tasa de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en Madrid supondría aproximadamente 2.500 ingresos”, subrayan desde este sindicato, y añaden que en Andalucía, algo más de 3.000, es decir, para llenar tres hospitales como La Paz o el Virgen del Rocío.
Fuentes de Sanidad ya contaban con un más que probable empeoramiento de la situación en estos últimos días, como así confirman los datos, señalan.
Continúan detallando que el sector sanitario afronta la elevada presión asistencial, con un déficit de personal de 35.628 empleos, que se han perdido desde el pasado mes de septiembre. Según datos recabados por CSIF, las comunidades autónomas ya han empezado a reaccionar con contrataciones de personal eventual y por tanto “parcheando” los refuerzos, medida que, en su opinión, no soluciona el problema estructural de las plantillas en la Sanidad.
Además, se están posponiendo cirugías ambulatorias con el consecuente perjuicio que supone esta medida para los pacientes afectados y el personal sanitario que debe dar la cara ante las decisiones de la Administración, como ya se había denunciado en el caso de la Comunidad de Madrid.
Además, se da la circunstancia de que los pacientes que pasan por urgencias hospitalarias, posteriormente deben regresar a AP efectos de bajas y recetas, lo que agrava la situación.
