Albano Dante Fachín defiende la necesidad de tender hacia un modelo sanitario catalán en el que la vertiente pública tenga mucho más peso que en la actualidad para “revertir la tendencia de los últimos años”. En opinión de Dante, que también es secretario general de Podem Catalunya (partido que pertenece al grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot), no se puede separar “quién gestiona la sanidad de los resultados”.
Pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que afronta la sanidad catalana?
Respuesta. Creo que es fundamental hacer una reflexión desde el punto de vista político sobre el modelo sanitario. El consejero, Antoni Comín, ha abierto algunos debates, como la contratación o no de centros con ánimo de lucro. Y se habla, claro, de las listas de espera, que es un tema importante. Pero no se habla tanto del modelo, de qué tipo de modelo sanitario es el más conveniente. Por este motivo, creemos que hay que iniciar un debate político profundo pero también abierto al resto de la sociedad sobre el modelo sanitario que queremos.
P. ¿Y cuál es el modelo que proponen ustedes?
R. Entendemos que hay que tender hacia una provisión publica, a diferencia de la tendencia de los últimos años. Hay que romper con la idea de que no es importante quién gestiona, sino los resultados, porque creemos que, en función de quién gestiona, los resultados son mejores o peores. En este sentido, la relación entre gestión pública y un buen servicio es directa. Si gestiona una empresa con ánimo de lucro, esto tiene consecuencias directas en el cómo gestiona y, por lo tanto, en los resultados. Y esto también se aplica a las fundaciones o las EBAs, que son modelos de gestión que no compartimos. La provisión tiene que ser pública. La historia reciente demuestra que no es verdad la supuesta mejor eficacia de la gestión privada, o que comporte un ahorro. La connivencia público-privada acaba afectando a los resultados.
P. Pero no todas las empresas privadas que, de alguna manera, intervienen en el sistema sanitario catalán, son iguales.
R. Sí, reconocemos que las grandes corporaciones privadas con ánimo de lucro son una cosa, que las empresas no públicas sin ánimo de lucro son otra cosa, y que también son diferentes las fundaciones. Pero, por ejemplo, estas últimas tienen a su alrededor empresas que sí que tienen de ánimo de lucro. Y existe una barrera entre el control público y su gestión. El problema es la distancia entre el financiador y el proveedor, como se ve constantemente. Esto acaba provocando situaciones de opacidad que causa que no siempre se hagan las cosas bien. Esto pasa en las fundaciones y en los consorcios públicos. Por ejemplo, el deporte nacional en los consorcios es pedir estudios sobre los cuales no hay un control real y efectivo. Esto no lo vemos en el Instituto Catalán de Salud. Hay consorcios que se financian en más de un 90 por ciento con dinero público, ¿por qué no los podemos fiscalizar?
P. Otro de los grandes retos de cualquier sistema sanitario es incorporar la innovación.
R. Sí, es un tema de fondo. Y aquí es muy importante el papel de la atención primaria. Se sabe que cuanto más peso tiene la atención primaria, más se desmedicaliza la asistencia. AP tiene un papel de prevención que provoca que haya menos necesidad de factura farmacéutica, de intervenciones quirúrgicas, de hospitalizaciones… Todo el mundo está de acuerdo, no hay nadie que diga que no quiere potenciar la AP, pero cada vez tiene menos recursos. Y, a diferencia de hace unos años, cuando se movilizaban los pacientes, ahora son los mismos profesionales que empiezan a decir que no pueden hacer su trabajo, a través de movimientos como Rebelión Primaria. Y es que esto tiene un impacto en la salud de los pacientes.
