“Los sistemas personalizados de dosificación (SPD) es una estrategia de marketing que ofrece la farmacia para diferenciarse”. Sebastián Celaya, consejero de Sanidad de Aragón dixit. “Es una temeridad que con un cursillo los farmacéuticos puedan realizar test del VIH”. Juan Ginés Córdoba, diputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, dixit.
Cada cierto tiempo es costumbre que los representantes políticos deleiten con alguna manifestación pública que, en el más optimista de los pensamientos, revela un desconocimiento del potencial que puedan ofrecer las farmacias en beneficio del paciente. Sin embargo, de estos patinazos hay una principal perjudicada: la farmacia asistencial. En concreto, su avance a nivel normativo, previo a su desarrollo sobre el terreno. Y es que, volviendo a los anteriores ejemplos, estas opiniones no eran palabras de cara a la galería sino las argumentaciones esgrimidas por sus autores para justificar su oposición a diversas iniciativas legislativas recientes que buscaban una mayor implicación de las farmacias en la Salud Pública.
En estos casos, el consejero de Sanidad aragonés rebajaba al terreno del mero marketing la que es calificada por los profesionales, y corroborada por estudios, una de las más coste-efectivas herramientas para facilitar el cumplimiento terapéutico. Por su parte, el diputado valenciano sembraba las dudas, y miedos, sobre las más de 41.000 pruebas del VIH que desde 2009 ya han realizado las farmacias de seis CC.AA. Más de 41.000 pruebas efectuadas sin contratiempo alguno y que han permitido detectar cientos de positivos.
Huelga decir que en el plano político existen representantes que sí conocen, valoran y promueven en Consejerías y Cámaras parlamentarias regionales —con o sin éxito final— iniciativas legislativas en favor de la farmacia asistencial. Sin embargo, he aquí otro detalle a analizar: las incoherencias respecto a política farmacéutica que se visualizan dentro de las propias formaciones políticas. Unas incoherencias que, por citar un reciente ejemplo, provocan que Ciudadanos promueva una ley de farmacia asistencial en el Parlamento de Cataluña y los representantes de esta formación naranja sean los únicos en las Cortes Valencianas que no apoyen hace escasos días una Proposición No de Ley para implantar un nuevo plan regional de lucha contra el VIH que contempla abrir la puerta a la realización de test rápidos de esta patología en sus boticas.
Todas las formaciones presentan incongruencias así a nivel nacional y/o autonómico. Ahora bien, que en una u otra región rechacen o apoyen, según el caso, medidas similares respecto a la farmacia asistencial viene determinado en algunas ocasiones más por las formas (quien la promueve, ser Gobierno u oposición, etc.) que por el fondo de la iniciativa o la no existencia de una visión común de la botica en cada formación.
Los médicos apoyan los test del VIH
Precisamente, en la última polémica en torno a las nuevas funciones de las farmacias, los médicos apoyan la puerta abierta por las Cortes Valencianas a los test del VIH en sus boticas. Así lo refrendaron varios facultativos consultados por EG que participaban en un reciente curso formativo sobre Sida para periodistas organizado por Gilead.
Antonio Antela, médico del Hospital Universitario de Santiago de Compostela afirmaba que “sin duda es positivo que el farmacéutico se implique; ofrecer la prueba desde distintos entornos, no necesariamente clínicos, amplia la oferta a la población y eso es bueno”. Asimismo indicaba que “los farmacéuticos están preparados para realizar los test, sólo necesitan saber interpretar el resultado de una prueba y saber aconsejar a la persona qué tiene que hacer a partir del resultado”. Palabras que no atisban temeridad alguna.
Por su parte, José Ignacio Bernardino, médico del Hospital La Paz, en Madrid, resaltaba que “muchas veces es más fácil que la gente acceda a los autotest en las farmacias que en el hospital. Cualquier estrategia es válida siempre y cuando nos de un diagnostico precoz”.
