Carlos B. Rodríguez / EP Madrid | jueves, 26 de diciembre de 2019 h |

El 17 de enero de 2017, durante la celebración de la Conferencia de Presidentes, Castilla-La Mancha dio la campanada al solicitar el impulso de “un gran debate” para definir una nueva estrategia farmacéutica a nivel estatal. Teniendo en cuenta que desde entonces no se ha celebrado ninguna otra Conferencia de Presidentes ni se ha iniciado la reforma del sistema de financiación, el Gobierno regional ha avanzado por su cuenta, especialmente en biosimilares y genéricos. Pero no ha renunciado a su idea de que las reglas de juego deben cambiar.

Después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haya anunciado —tal y como confirmó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara— que en 2020 habrá un nuevo marco financiero para las comunidades autónomas y que éste debe dar prioridad a la Sanidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a proponer “una reflexión muy seria” sobre el precio de los medicamentos.

Transparencia en I+D y un ‘precio marco’, la propuesta manchega

En esta ocasión la encargada de dar la voz de alarma ha sido la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. A su juicio, es preciso estudiar si las administraciones públicas pueden permitirse “estar en manos de los precios que pongan las compañías farmacéuticas según qué tratamientos”… Precios que, según la portavoz, pueden oscilar entre los 200.000 y los 300.000 euros en el caso de algunas terapias oncológicas.

Aunque asegura que ni en Castilla-La Mancha ni en ninguna otra comunidad autónoma se niega el acceso a un tratamiento que es necesario por el precio, “el déficit se puede ir perfectamente por el gasto farmacéutico”, ha sentenciado la portavoz del Gobierno.

La propuesta de Castilla-La Mancha tiene varias patas. La primera de ellas se suma al tsunami de ‘luz y taquígrafos’ que recorre los sistemas sanitarios después de que la Asamblea Mundial de la Salud aprobase la histórica resolución de transparencia. Cabe recordar que España jugó un papel importante en el impulso y aprobación de este texto, que urgió a los Estados miembro de la Organización Mundial de la Salud a mejorar el intercambio público de información sobre los precios reales pagados por los gobiernos y otros compradores de productos de salud, y una mayor transparencia en las patentes farmacéuticas, los resultados de ensayos clínicos y otros determinantes de los precios a lo largo de la cadena de valor desde el laboratorio hasta el paciente.

Las negociaciones no lograron que se aprobara la segunda parte del proyecto de resolución primigenio, que solicitaba transparencia, también, para los costes de la I+D. A ello se refiere, precisamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha. Su portavoz considera necesario auditar “si el precio se corresponde con los procesos de investigación necesarios para llegar a su fórmula”. Así, Fernández se ha mostrado partidaria de exigir “más transparencia” a las compañías farmacéuticas para conocer “el coste de las investigaciones” que derivan en la salida al mercado de sus tratamientos “para que los precios que se ponen a algunos medicamentos no sean producto de la especulación sino en base a la inversión real”, si bien ha aceptado que las compañías tengan que conseguir “un beneficio lógico”.

Más allá, la región apuesta por un precio marco y por que las marcas se asimilen a los medicamentos genéricos homologables. Según ha considerado la portavoz, “no hay excusa en el marco nacional para no apoyar una iniciativa así”.

Dos años a la espera de los cambios en el modelo financiero

Estas propuestas beben directamente de los mensajes lanzados hace ahora casi dos años por el presidente regional, Emiliano García-Page, reclamando “un nuevo modelo” en el que, o las regiones participasen más activamente en las decisiones de precio, o pudieran reclamar al Estado que abonara “al menos una parte” de los costes de la factura. El presidente de Castilla-La Mancha ya dudaba entonces de que las comunidades autónomas pudieran soportar durante mucho más tiempo el mantenimiento del ‘yo invito, tú pagas’ que traslada a las comunidades autónomas la financiación de las nuevas prestaciones que aprueba el Estado.

La reclamación de Castilla-La Mancha no cayó en saco roto, aunque debido a que el sistema de financiación no se ha tocado tampoco ha llegado a ninguna parte. Los presidentes acordaron que el nuevo modelo incluyera radiografías separadas y bloques de financiación específicos para Dependencia y para Sanidad. Y debido a la importancia que muchos dieron el gasto farmacéutico, también contemplaron la posibilidad de que Farmacia dispusiera de un capítulo aparte en el programa sanitario.